Mentiras vs. verdades y realidades

Durante esta semana corta ocurrieron tres hechos que corresponde explicar, pero vamos a ir del viernes al miércoles.

Dicho viernes nos anoticiamos de que el juicio radicado en Nueva York por el fondo Burford tuvo una sentencia —equivalente a nuestra Cámara de Apelaciones— favorable a nuestro país y no habría que pagar el monto de US$ 18.000 millones. Pero, siempre existe un “pero”: nunca te contaron la verdad completa y lo llaman “juicio por YPF”, cuando la realidad es que quienes litigaban contra la Patria (el fondo Burford y socios) compraron en 2011 bonos defaulteados de nuestro país por US$ 20 millones, emitidos en el año 2001 por el entonces viceministro de Economía, quien volvió entre 2016 y 2018 y desde 2023 hasta hoy, y no es otro que el gran desregulador Federico Sturzenegger, por no haber ingresado en el canje de bonos de 2005 y 2010.

A fines de 2011 efectuaron la demanda en el Juzgado de Nueva York, que en ese momento estaba a cargo de Thomas Griesa y, con su muerte, pasó a Loretta Preska. En el mes de mayo de 2012, mediante ley del Congreso Nacional, se define la expropiación de YPF a Repsol, a quien se le pagan US$ 5.000 millones a los efectos de cumplir lo que expresa la ley bajo el fundamento de utilidad pública, puesto que el 80% de las utilidades de la firma se habían remitido al exterior a los efectos de realizar estudios de factibilidad en otros países, cuando ya teníamos plenamente comprobada la existencia de reservas en la zona de Vaca Muerta; pero ellos no querían realizar nada allí para convertirnos en un importador neto de petróleo, atándonos al precio internacional, porque eso les permitía obtener subsidios del Estado nacional a perpetuidad.

Viendo todo esto es que, a mediados de 2014, el fondo Burford decide ir por YPF como forma de ganar los dólares que calculaban en miles de millones muy fáciles, porque además tenían un abogado local que trabajaba con ellos, y no era otro que Alejandro Fargosi. En ese momento, Cristina Fernández de Kirchner resuelve contratar al estudio Sullivan en Nueva York para que defienda los intereses nacionales con los argumentos reales y legales acaecidos, más el artículo 17 de la Constitución Nacional; durante 2015, el candidato opositor Mauricio Macri esgrimió que esa deuda la iba a tener que pagar su hija más pequeña, pero cuando llegó a la Presidencia usó la misma estrategia con el mismo estudio.

En 2019, cuando asumió Alberto Fernández, se continuó en el mismo camino, lo mismo que hizo el actual gobierno, llegando a fines de 2024 y principios de 2025 a la sentencia de la jueza Preska, por la cual a nuestro país se lo sentenciaba a pagar casi US$ 18.000 millones. El tema es que el viernes la noticia fue que la Cámara de Apelaciones comunicó y rechazó la sentencia de Preska, informando que se había realizado bajo el estatuto de YPF, el contrato de concesión, la ley y la Constitución Nacional de la República Argentina y, por lo tanto, no correspondía el pago ordenado ni las acciones realizadas en contra del país.

Recordemos que Burford quería cobrar de cualquier manera, hasta con grado de desesperación por el tiempo transcurrido desde aquel 2001, porque casi a fines de 2024 pretendía cobrar mediante el embargo del oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que el presidente de la entidad, en conjunto con el ministro actual y, casi con seguridad, con el jefe de la administración pública y político del país, mandaron al exterior y aún hoy no sabemos dónde lo remitieron (pero ese es otro tema para más adelante).

Por todo esto, el Presidente quiso tomarlo como propio de su gestión, cuando propugnaba que se entregue y le otorgó al fondo Burford un lugar político mediante su abogado, o que lo consiguió a través de su influencia sobre el presidente de Estados Unidos, dejando en el aire un tufillo a que la Justicia norteamericana no es independiente, sino dependiente del gobierno federal, cuando en realidad en su momento se hicieron las cosas como correspondían.

Actividad, consumo y señales de recesión

El jueves se publicó el dato de enero de 2026 de la actividad económica del país (EMAE) por el INDEC, que estableció un crecimiento de +0,4%, pero el desglose marca que lo que creció fueron las actividades de minería, agropecuaria, pesca e intermediación financiera en gran parte, y la construcción solo un +0,4%, mientras que la industria manufacturera cayó -2,3%.

Como dato realmente relevante está el crecimiento de impuestos netos de subsidios en un +2,3%, contra un +2,9% del IPC, y en consonancia una caída de -9,7% de la recaudación nacional. Eso significa que los impuestos al consumo (IVA e impuestos internos) produjeron una caída de la recaudación como caso típico de recesión, que pueden llamarla como quieran, pero en definitiva no es ni más ni menos que eso.

En contraposición a la realidad verificada por los datos estadísticos oficiales, el ministro sale a comunicar que estamos en crecimiento récord del consumo, sin entender que las personas no pueden comprarse un auto o un televisor en cuotas porque las tarjetas de crédito están saturadas y los créditos personales poseen niveles de mora que van del 12% en bancos al 40% en billeteras virtuales.

El miércoles al mediodía, y viendo que no hay consumo en la calle, el gobierno —que se desdijo el jueves mediante el ministro— comunicó que desde el miércoles 1° de abril se van a bajar 5 puntos porcentuales los encajes mínimos de los bancos para que fomenten el crédito bancario —que, como dijimos en el párrafo anterior, está roto—.

Eso significa que cerca de $ 4,1 billones van a ser liberados a la calle y, tal como corresponde a una economía de frontera —tal cual somos desde 2016, inclusive—, cerca del 50% van a ir a parar al “colchón” en tipo de cambio/dólar; es decir, para pasarlo en limpio, cerca de $ 2 billones van a ir al dólar.

Entonces corresponde una compra/demanda de cerca de US$ 1.500 millones, por lo cual la cotización mayorista podría pasar tranquilamente de los $ 1.383 —valor de cierre del viernes 27— a un nivel muy cercano a los $ 1.500/1.520, lo que implica casi un +10%, que sin duda recalentará el proceso inflacionario que para marzo se encontrará entre 3,5% y 3,8%, preparando otro salto para abril con la influencia de pescados, chocolates, transporte, salud, servicios públicos y combustibles.