El conflicto por el financiamiento universitario vuelve a escalar. Este lunes comienza un nuevo paro nacional en universidades públicas en medio del reclamo por el recorte presupuestario y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes.
El origen de la disputa está en la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada por el Congreso en agosto pasado, pero el presidente Javier Milei decidió vetarla. El Congreso logró ratificarla con mayorías amplias en ambas cámaras, por lo que quedó definitivamente sancionada.
Sin embargo, al Gobierno suspendió su aplicación, argumentando que la ley no especificaba las fuentes de financiamiento. La decisión fue judicializada y la Justicia ordenó al Estado cumplir con la ley. Pese a ese fallo, el Gobierno sigue sin aplicarla.
El presupuesto universitario sufrió un fuerte ajuste desde la asunción de Milei. Entre 2023 y 2025 cayó 28,7% en términos reales, mientras que si se considera el presupuesto vigente para 2026 la reducción alcanza el 45,6% respecto de 2023, de acuerdo al informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
De haberse aplicado la ley sancionada por el Congreso, el presupuesto universitario habría crecido 35,1% frente a 2025, quedando apenas 3,6% por debajo de los niveles de 2023.
En cambio, el Gobierno envió un nuevo proyecto de ley al Congreso que implicaría una caída de 14,2% respecto de 2025 y de 38,8% frente a 2023, dejando al sistema con un presupuesto 36,5% menor al que establecía la ley aprobada por el Congreso.

Uno de los puntos más críticos del conflicto es el deterioro salarial. En promedio, los salarios representan el 86,9% del gasto total universitario, mientras que los gastos de funcionamiento explican apenas el 13,1% restante.
Entre 2023 y 2026, el grueso del ajuste recayó sobre el personal docente y no docente: los salarios se redujeron 43,2% en términos reales.
Los datos muestran además que desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2026 el salario real cayó 33% en los casos en los que no están alcanzados por la garantía salarial, y 40% en quienes sí padecen el relativo congelamiento de la garantía.

Para retomar el nivel de poder adquisitivo previo a la asunción de Milei, los docentes debieran recibir un aumento del 48,7%.
Para recuperar lo perdido, a los docentes debieran pagarles más de 7 salarios juntos. Ese “ahorro” para el Estado redunda en docentes que deben sumar cada vez más horas y más trabajos para llegar a fin de mes, o bien directamente abandonan la universidad pública en busca de salarios dignos.