La legisladora porteña Laura Alonso respaldó los operativos que el Gobierno de la Ciudad viene realizando en el Barrio Padre Carlos Mugica y sostuvo que esas medidas responden a una política general de ordenamiento del espacio público impulsada por la administración de Jorge Macri. Según afirmó, el objetivo central es garantizar que “la ley sea igual para todos” también dentro de los barrios populares.
Durante una entrevista radial, la extitular de la Oficina Anticorrupción (OA) destacó que la gestión porteña ya había aplicado operativos contra manteros y controles sobre piquetes y acampes, y aseguró que ahora esas políticas se extendieron a las villas de la ciudad. En ese contexto, explicó que en las últimas semanas se avanzó con intervenciones específicas en el barrio de Retiro para ordenar accesos y reforzar la presencia policial.

La dirigente que alguna vez dijo estar “enamorada” de Mauricio Macri detalló que uno de los focos del operativo apunta a frenar el crecimiento irregular de las construcciones. Según indicó, la normativa vigente prohíbe que las edificaciones sigan elevándose en altura, aunque en el pasado no siempre se aplicó un control estricto sobre esa situación. En ese marco, señaló que algunos accesos al barrio fueron peatonalizados y que otros permanecen bajo control permanente de la policía porteña.
“El control no es solo para detectar delitos sino también para evitar que sigan entrando camiones con materiales que sigan elevando las construcciones ya existentes” señaló Alonso, que también sostuvo que varios vecinos manifestaron su apoyo a los operativos. “Cuando hablas con los vecinos de las villas te cuentan que hay muchos riesgos por estas construcciones irregulares, hay que controlar las construcciones y los comercios para que se pongan a punto y se regularicen” remarcó.

Las palabras de la diputada se producen en medio de un debate recurrente sobre la urbanización y el control estatal en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, donde conviven políticas de integración urbana con reclamos por seguridad, regulación de construcciones y presencia policial.
Laura Alonso hoy se muestra como defensora a ultranza de las normas, pero en el pasado hubo una vez en que miró para el costado. En 2015, Mauricio Macri la designó al frente de la Oficina Anticorrupción. Para hacerlo, debió modificar una norma por decreto porque Alonso no es abogada, requisito sine qua non para acceder al cargo.
Alonso supo pagar con creces a su jefe político. En 2017 quedó envuelta en una polémica luego de defender públicamente el uso del helicóptero presidencial por parte de la entonces primera dama Juliana Awada, que había viajado desde Punta del Este a Buenos Aires junto a su hija en una aeronave oficial durante sus vacaciones.