Las universidades públicas de todo el país volverán a paralizar sus actividades desde este lunes con un paro de 72 horas impulsado por gremios docentes y no docentes, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida se extenderá hasta el miércoles 1° de abril y, en la práctica, dejará a miles de estudiantes sin clases durante toda la semana, ya que jueves y viernes son feriados. Se trata de la segunda medida de fuerza en marzo, luego del paro de cinco días que tuvo lugar entre el 16 y el 20.
Uno de los principales ejes del conflicto es la caída del salario real de los trabajadores universitarios. Según denuncian los gremios, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad los ingresos perdieron un 55,4% de su poder adquisitivo.
Desde el Gobierno encabezado por Javier Milei se planteó una oferta de aumento del 12,3% en tres tramos a lo largo del año, pero fue rechazada por insuficiente frente a una inflación acumulada que sigue en alza.

Los sindicatos sostienen que, sin una recomposición significativa, la situación se vuelve “insostenible” para docentes y no docentes, lo que impacta directamente en la calidad educativa.
El eje político del reclamo es la Ley de Financiamiento Universitario, que fue ratificada por el Congreso con una mayoría agravada tras un veto presidencial. A pesar de ello, el Ejecutivo decidió no implementarla, lo que derivó en su judicialización.
La Justicia falló a favor de las universidades, pero el Gobierno apeló la decisión, lo que mantiene abierto el conflicto. En este contexto, las casas de estudio exigen no solo la aplicación de la norma, sino también la convocatoria urgente a paritarias, que no se realizan desde octubre de 2024.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todo el país, advirtió que el sistema atraviesa una situación “crítica”.
Según el documento final de su última reunión, las transferencias a universidades cayeron un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026, mientras que los gastos de funcionamiento se redujeron a apenas el 40% de los niveles registrados a comienzos de 2023.
Además, alertaron sobre un fuerte recorte en programas de asistencia estudiantil como las Becas Progresar, que habrían sufrido una caída superior al 80% en términos nominales.
Lejos de encaminarse a una solución, el conflicto podría profundizarse en las próximas semanas. Los gremios ya anunciaron una Marcha Federal Universitaria para el 23 de abril y un nuevo paro en la semana del 27.

En paralelo, el CIN renovó sus autoridades: Franco Bartolacci asumió la presidencia del organismo, acompañado por Anselmo Torres como vicepresidente.
Con un escenario de alta conflictividad, la disputa entre el Gobierno y el sistema universitario suma tensión social y política, mientras miles de estudiantes siguen sin clases y crece la incertidumbre sobre el futuro del ciclo académico.
ND