El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemora cada 30 de marzo, busca visibilizar, reconocer y reivindicar los derechos de millones de mujeres que realizan tareas domésticas remuneradas en todo el mundo.
La fecha es fruto de años de organización y lucha colectiva. Un punto de inflexión fue la aprobación del Convenio 189 por parte de la Organización Internacional del Trabajo en 2011, que fijó estándares mínimos como salario digno, descanso semanal, jornadas reguladas y acceso a la seguridad social.
Durante décadas, el trabajo en casas particulares fue considerado una extensión de las tareas del hogar y no una actividad laboral con derechos, lo que contribuyó a su histórica desvalorización.

A nivel global, más de 75 millones de personas se desempeñan en este sector, en su mayoría mujeres y, en muchos casos, migrantes, expuestas a condiciones laborales inestables. Pese a los avances normativos, la precarización sigue siendo una deuda pendiente en gran parte del mundo, con altos niveles de empleo no registrado.
El servicio doméstico fue uno de los últimos sectores en ser incorporado a marcos legales laborales, quedando durante décadas excluido de derechos básicos en distintos países. Además, cumple un rol económico central: muchas trabajadoras sostienen no solo sus hogares, sino también redes familiares más amplias, a través de ingresos que resultan fundamentales.
En modalidades como la de “cama adentro”, los límites entre trabajo y descanso suelen diluirse, generando situaciones de sobrecarga y posibles vulneraciones de derechos.
En el país, la actividad está regulada por la Ley 26.844, sancionada en 2013, que implicó un avance al reconocer derechos como vacaciones, aguinaldo, licencias y aportes jubilatorios.

Sin embargo, el empleo en casas particulares continúa entre los más informales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, es además una de las principales fuentes de empleo femenino. Muchas trabajadoras son jefas de hogar, por lo que su ingreso representa el sostén económico principal, lo que agrava el impacto de la precarización.
El 30 de marzo no es solo una conmemoración, sino una oportunidad para reflexionar sobre la organización social del cuidado y el valor del trabajo doméstico. Reconocer derechos y promover la registración implica avanzar hacia una sociedad más equitativa, con mejores condiciones laborales para un sector históricamente relegado. El desafío sigue siendo transformar ese reconocimiento en políticas efectivas que garanticen inclusión, formalidad y respeto en todos los ámbitos.