El Ministerio de Salud oficializó la Resolución 13/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que establece una actualización del 2,90% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad correspondiente a marzo.
La medida incluye el detalle completo de los nuevos montos por prestación, segmentados por categorías y modalidades, y ratifica el adicional del 20% para la región patagónica.
La actualización se calcula sobre los valores vigentes de febrero —que ya habían sido incrementados un 5,78%— y se vincula con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El anexo oficial incorpora una amplia grilla de prestaciones organizadas en categorías A, B, C y una categoría única, con diferencias según complejidad, modalidad y carga horaria.
Dentro de la categoría A se ubican las prestaciones de mayor complejidad y costo. Entre los principales valores actualizados se destacan:
También aparecen modalidades combinadas —como hogares con formación laboral o escolaridad— que superan los $2,4 millones mensuales en algunos casos.
En la categoría B, los montos son menores pero mantienen la misma estructura de prestaciones:
Se trata de valores aplicables a instituciones con menor nivel de complejidad relativa respecto de la categoría superior.
La categoría C agrupa prestaciones con los valores más bajos del nomenclador:
El anexo también fija valores para prestaciones transversales del sistema:
Estos valores impactan directamente en el funcionamiento cotidiano del sistema, especialmente en servicios de apoyo escolar, terapias y traslados.
En tanto, la resolución mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en la Patagonia. Este plus se aplica sobre todos los aranceles y busca compensar mayores costos operativos en esa región.
La actualización llega en medio de un escenario de alta conflictividad en el sector. En las últimas semanas, organizaciones de discapacidad protagonizaron protestas, incluyendo un acampe en Plaza de Mayo que fue desalojado por fuerzas de seguridad.
Prestadores y familias denuncian atrasos en los pagos, desfinanciamiento y pérdida del poder adquisitivo de los aranceles frente a la inflación. En ese marco, habían considerado que el incremento del 5,78% en febrero era insuficiente.
Además, reclaman la implementación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso.

El conflicto también escaló al plano político tras la difusión de un audio atribuido a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En ese registro, se mencionaría un supuesto esquema de retornos del 3% vinculados a contratos o prestaciones.
Las acusaciones apuntan a que esos fondos tendrían como destino a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave del oficialismo. A partir de esa situación, se impulsaron pedidos de interpelación a funcionarios y se profundizó el debate sobre la transparencia en el sistema.
Por lo pronto, la Resolución 13/2026 se inscribe en una política de actualizaciones mensuales atadas al IPC, pero el trasfondo evidencia tensiones estructurales en el sistema de discapacidad, luego de la fuerte pérdida en 2023 y 2024 producto de la escalada inflacionaria.
Entre la necesidad de recomponer aranceles, garantizar prestaciones y responder a las demandas del sector, el Gobierno enfrenta un escenario complejo donde las decisiones técnicas conviven con un creciente conflicto político y social.