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30/03/2026 - Edición Nº1147
Política
Tensión con la prensa
FOPEA reclamó rendición de cuentas y el Gobierno salió a cruzarlo
30/03/2026 | En medio de las denuncias contra Adorni, FOPEA reclamó rendición de cuentas y el Gobierno salió a confrontar con la prensa.
Manuel Adorni en el centro del debate público
La Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno salió al cruce del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) luego del duro comunicado en el que la entidad cuestionó el accionar del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reivindicó el derecho de la sociedad a acceder a la información pública.
El planteo de FOPEA se inscribe en un contexto de creciente tensión en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atravesado por cuestionamientos vinculados a su patrimonio y el uso de recursos públicos con fines privados. En ese marco, la entidad puso el foco en un principio central del sistema republicano: la obligación de los funcionarios públicos de informar y rendir cuentas de manera permanente ante la sociedad, con independencia de cualquier instancia judicial.
FOPEA: rendición de cuentas y defensa del periodismo
En su comunicado, FOPEA recordó que “los funcionarios públicos tienen la obligación de informar y rendir cuentas de sus actos ante la sociedad independientemente de todo proceso judicial en marcha”, y advirtió sobre el deterioro en la relación entre el Gobierno y la prensa.
La entidad cuestionó especialmente el tono utilizado por Adorni en conferencia de prensa, donde calificó de manera despectiva a periodistas que realizaban preguntas, y sostuvo que ese tipo de conductas “desdibujan el sentido mismo de la rendición de cuentas en democracia”.
Además, remarcó que el acceso a la información no puede quedar supeditado a la existencia de causas judiciales y que evitar responder preguntas bajo ese argumento “distorsiona el funcionamiento democrático”.
“El punto no es quién formula la pregunta, sino qué está en juego detrás”, sostuvo FOPEA, al tiempo que defendió la necesidad de conferencias de prensa periódicas, reglas claras y un vínculo profesional basado en el respeto mutuo.
El Foro de Periodismo Argentino recuerda que los funcionarios públicos tienen la obligación de informar y rendir cuentas de sus actos ante la sociedad independientemente de todo proceso judicial en marcha
— FOPEA (@FOPEA) March 26, 2026
Comunicado: https://t.co/RtCNAAtTSO pic.twitter.com/45gch1oHZr
La respuesta: defensa de Adorni y ataque a FOPEA
La reacción oficial no tardó en llegar. A través de la cuenta de la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno cuestionó con dureza el posicionamiento de FOPEA y defendió al jefe de Gabinete.
Bajo el título “FOPEA: la vergüenza corporativa de la casta mediática”, el mensaje acusó a la entidad de “hipocresía” y de representar intereses sectoriales, al tiempo que rechazó que el periodismo tenga un rol institucional equivalente al de un poder del Estado.
“Los funcionarios públicos rinden cuentas al pueblo argentino, no a un lobby corporativo”, sostuvo el comunicado, y agregó que “el periodismo no es el cuarto poder”.
En paralelo, el Gobierno reivindicó su gestión en términos de resultados económicos —como el superávit fiscal y la desaceleración de la inflación— y acusó a sectores del periodismo de haber difundido información falsa en el pasado.
FOPEA: LA VERGÜENZA CORPORATIVA DE LA CASTA MEDIÁTICA
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 29, 2026
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado hipócrita que miente sobre la Ley de Ética Pública y defiende, como siempre, a la casta periodística.
Aclaremos lo elemental: los funcionarios públicos rinden… https://t.co/fLAgOJpHVt
Un conflicto que excede a un caso puntual
El cruce expone una tensión más profunda entre el Gobierno y el sistema de medios, que se viene intensificando en las últimas semanas y que ahora suma un nuevo capítulo con el caso Adorni en el centro de la escena.
Mientras FOPEA plantea una defensa de principios vinculados a la transparencia, el acceso a la información y el funcionamiento democrático, el oficialismo responde con una estrategia de confrontación directa, cuestionando la legitimidad del periodismo como actor de control.
El resultado es un escenario en el que el debate deja de ser solo sobre un funcionario o un episodio puntual, y pasa a poner en discusión el rol de la prensa, los límites del poder y las reglas de la rendición de cuentas en la Argentina actual.
Viajes oficiales y vuelos privados bajo investigación
El foco sobre Manuel Adorni se intensificó a partir de una secuencia de episodios que combinan uso de recursos públicos, viajes y vínculos personales. Uno de los puntos más cuestionados es su participación en la comitiva oficial que viajó a Nueva York, donde —según registros del viaje y reconstrucciones periodísticas— también fue incluida su esposa, Bettina Angeletti, en el vuelo oficial.
Ese dato cobró especial relevancia porque días antes el propio Adorni había defendido públicamente criterios de austeridad y uso restringido de recursos estatales, lo que abrió interrogantes sobre la coherencia entre el discurso oficial y la utilización efectiva del avión presidencial. Este tipo de traslados, que incluyen logística, combustible, tripulación y comitiva ampliada, implican costos operativos que pueden ubicarse en decenas de miles de dólares por tramo, dependiendo de la aeronave y la distancia.
A ese episodio se suma el viaje a Punta del Este, actualmente bajo investigación judicial. El vuelo fue operado por la firma JAG Executive Aviation, y según surge del expediente, el costo del traslado se ubicó en un rango cercano a los US$ 4.300 en la ida y alrededor de US$ 3.000 en el regreso, con parte del pago presuntamente realizado en efectivo.
En la causa ya declararon testigos clave. Entre ellos, la secretaria de la empresa aérea, Vanesa Elizabeth Tossi, y el piloto y broker aeronáutico Agustín Issin Hansen, quienes aportaron detalles sobre la operatoria del vuelo, los pasajeros y las condiciones de contratación. A partir de esos testimonios, la Justicia avanzó con medidas de restricción sobre el empresario Marcelo Grandio, señalado como uno de los nexos relevantes en la organización del viaje.
La estrecha relación entre Adorni y Marcelo Grandio, en el centro de la polémica
Grandio, titular de la productora Imhouse, mantiene un vínculo previo con Adorni en el ámbito audiovisual, con antecedentes de trabajo vinculados a la TV Pública. Ese nexo —que incluye proyectos compartidos y relaciones profesionales previas a la función pública— forma parte de la línea de investigación, que busca determinar si existieron beneficios cruzados o un esquema de financiamiento indirecto de gastos personales.
En ese marco, también se dispusieron medidas sobre dependencias vinculadas a la producción audiovisual estatal, incluyendo requerimientos de información sobre contrataciones en la TV Pública, en el intento de reconstruir la relación entre el funcionario y el empresario.
Declaraciones juradas, propiedades y el eje de la transparencia
En paralelo, el caso sumó un capítulo patrimonial que amplificó el impacto político. En las últimas semanas se multiplicaron los cuestionamientos sobre la declaración jurada de Adorni, a partir de presuntas inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos registrado.
Según denuncias públicas y presentaciones en análisis, el funcionario habría declarado ingresos cercanos a los $10 millones mensuales, mientras que se señalaron consumos en tarjetas de crédito que, en determinados períodos, habrían alcanzado los $30 millones, a lo que se sumarían gastos atribuidos a su entorno familiar por montos también elevados.
La casa de Adorni comprada en un barrio cerrado es investigada por la justicia
A su vez, surgieron versiones sobre la posible existencia de una propiedad en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz) que no habría sido incorporada en su totalidad en la declaración jurada, lo que motivó pedidos de investigación por eventual omisión patrimonial. Este punto, junto con otros bienes en evaluación, forma parte de las líneas abiertas para determinar la consistencia entre patrimonio declarado y nivel de vida.
Si bien todos estos elementos se encuentran en distintas etapas de verificación judicial y administrativa, su acumulación colocó al funcionario en el centro de la agenda política, no sólo por la posible existencia de irregularidades, sino por el contraste con el discurso oficial de ajuste y transparencia.
En ese contexto, las preguntas que motivaron el cruce con FOPEA no aparecen como un hecho aislado, sino como parte de una demanda más amplia de explicaciones frente a un conjunto de episodios que, por sus montos, sus vínculos y su impacto institucional, escalaron al centro del debate público.
