Procesaron a Chiqui Tapia por la causa AFA: ¿se queda sin Mundial 2026?

El juez Diego Amarante procesó hoy a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presunta evasión fiscal. La medida incluye un embargo preventivo de 350 millones de pesos sobre sus bienes personales.

La resolución judicial mantiene vigente la prohibición de salir del país para el dirigente. Este límite legal se produce a solo 78 días del inicio del Mundial 2026, donde la selección argentina debe defender el título obtenido en Qatar.

La causa investiga la retención indebida de aportes de seguridad social y tributos por una suma que supera los 19.300 millones de pesos. El magistrado considera que existen elementos suficientes para vincular a la cúpula de la entidad con el manejo irregular de fondos públicos.

El procesamiento judicial implica que Claudio Tapia no podrá salir de Argentina sin una autorización individual del juez para cada traslado, lo que pone en riesgo su presencia física en la inauguración y los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Por qué la Justicia procesó a la cúpula de la AFA?

La investigación comenzó tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusó a la entidad de actuar como "agente de retención", es decir, de descontar impuestos a empleados y jugadores pero no depositarlos en las cuentas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.

Los períodos bajo la lupa van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. Los tributos afectados incluyen el IVA (Impuesto al Valor Agregado), el Impuesto a las Ganancias y las contribuciones jubilatorias. Según la acusación, la AFA utilizó ese dinero para financiarse internamente en lugar de cumplir con sus obligaciones fiscales.

¿Qué significa el embargo de 350 millones de pesos?

El embargo es una medida preventiva que congela bienes o dinero de los acusados hasta cubrir la cifra estipulada por el juez. En este caso, la medida alcanza tanto a Tapia como a Pablo Toviggino, tesorero de la institución, por 350 millones de pesos cada uno.

Este dinero funciona como una garantía para el Estado. Si al final del proceso los dirigentes son encontrados culpables, esos fondos se utilizarán para cubrir parte de la deuda o las multas correspondientes. El fallo también alcanza a otros directivos como Cristian Ariel Malaspina, Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

¿Cómo afecta esto en los viajes de Tapia al exterior?

Aunque el dirigente solicitó un permiso de 60 días para entrar y salir del país libremente debido a su cargo, el juez Amarante rechazó el pedido. El magistrado argumentó que otorgar un "cheque en blanco" legal impediría el control necesario sobre el imputado.

El fallo menciona que Tapia pasó 141 días fuera del país en 2024 y 139 en 2025. El juez señaló que estas ausencias no impidieron el funcionamiento de la AFA, por lo que no considera "imprescindible" su presencia constante en el exterior. Además, recordó que el dirigente ya intentó modificar itinerarios de forma unilateral en viajes previos, como un vuelo a Venezuela, lo que generó desconfianza en el tribunal.

¿Cuál es la postura del Gobierno nacional?

El presidente Javier Milei se refirió a la situación procesal de la dirigencia deportiva y respaldó el accionar de los organismos de control. "Si ARCA no hiciera eso, estaría incumpliendo los deberes de un funcionario público", afirmó el mandatario.

Milei había enfatizado la independencia de los poderes en este caso: "En la Argentina, el que las hace las paga. Es una regla básica de este Gobierno. Si encuentran que cometieron delitos, deberán pagar como cualquier otro argentino".

¿Qué dice la defensa de los directivos?

Desde la AFA sostienen que no existe delito porque la deuda finalmente se saldó, aunque fuera de término. Tapia presentó un escrito ante el juzgado desvinculándose de la responsabilidad directa sobre los pagos impositivos.

El dirigente argumentó que su rol es institucional y que las decisiones sobre impuestos dependen de las áreas técnicas de la entidad. También mencionó que existía una resolución del Ministerio de Economía que suspendía las ejecuciones fiscales, por lo que considera que no hubo voluntad de evadir.

TM