El fiscal federal Gerardo Pollicita activó este lunes una batería de 12 medidas de prueba sobre el patrimonio y los movimientos de Manuel Adorni. La decisión se tomó luego de que el juez Ariel Lijo delegara la investigación en la fiscalía para determinar si existió un presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.
El foco de la Justicia se centró hoy en un posible trato de privilegio en el Aeropuerto Internacional de San Fernando. Una testigo clave declaró que el actual jefe de Gabinete no habría cumplido con todos los requisitos legales para salir del país en un vuelo privado hacia Punta del Este.
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó hoy que la Dirección Nacional de Migraciones entregue el registro de cada salida del país de Manuel Adorni desde enero de 2023 para confirmar si existieron tratos de privilegio en aeropuertos y entrecruzar sus vuelos con contratistas del Estado.
La Justicia investiga la compra de un departamento en la calle Miró, en el barrio de Caballito, donde el funcionario reside actualmente. Se trata de una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados con cochera, adquirida en noviembre de 2025, pocas semanas después de su ascenso a la Jefatura de Gabinete.
La operación quedó registrada por un valor de 230.000 dólares, de los cuales 200.000 se habrían saldado mediante una hipoteca no bancaria acordada con dos particulares. El préstamo inscripto cubre el 87% del valor del inmueble. Al ser consultado, el funcionario afirmó: “A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”.

Para reconstruir la evolución patrimonial y los movimientos de Adorni, la fiscalía solicitó los siguientes informes :
La Justicia investiga un vuelo realizado el 12 de febrero de 2026 hacia Uruguay con motivo del feriado de carnaval. El funcionario viajó junto a su familia y Marcelo Grandío, un periodista de la TV Pública cuya productora tiene contratos con el Estado.
Agustín Issin, broker de los vuelos, declaró que el costo total de los pasajes fue abonado por Grandío. Vanesa Tossi, gerenta comercial de JAG Executive Aviation S.A., ratificó que el periodista presentó el viaje como una invitación. Durante su declaración, la testigo denunció haber recibido llamadas de Grandío, lo que motivó que la Justicia dictara una prohibición de acercamiento para el periodista.
Otra de las polémicas que involucra al funcionario es su participación en la comitiva oficial que viajó a Nueva York para la “Argentina Week 2026”. En dicho vuelo también se trasladó su esposa, Bettina Angeletti, lo que generó un debate sobre el uso de recursos públicos para familiares.
Aunque el funcionario aseguró que su esposa había pagado inicialmente un pasaje comercial de USD 5.000 y luego fue invitada a sumarse al avión presidencial, la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) establece que los funcionarios deben abstenerse de usar instalaciones estatales para beneficio particular o de sus allegados. El presidente Javier Milei defendió la inclusión de la mujer bajo el concepto de "costo marginal".
La denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano señala que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal. Se detectaron discrepancias entre sus declaraciones iniciales y las anuales, incluyendo presuntas omisiones de depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos.

Al cierre de 2024, el funcionario declaró activos por 107,9 millones de pesos y deudas que crecieron un 178%, alcanzando los 95,4 millones. Sus acreedores declarados incluyen a su madre y a una jubilada de 95 años. Ante las consultas sobre sus bienes, el funcionario eludió dar precisiones argumentando que no desea interferir con las causas penales en curso.
TM