Legislatura bonaerense
02/04/2026 - Edición Nº1150
Política
Debate por el sistema penitenciario
Delitos desde los penales: el proyecto de Giudici que puede cambiar todo
31/03/2026 | Un proyecto de La Libertad Avanza busca endurecer la ley para impedir comunicaciones ilegales de internos.
La Diputada de LLA, Silvana Giudici, autora del proyecto (Foto archivo)
El bloque de La Libertad Avanza impulsó un proyecto de ley que busca prohibir de manera total el uso de teléfonos celulares en las cárceles argentinas, en un intento por frenar delitos que se organizan desde el interior de los penales.
La propuesta fue presentada por la diputada Silvana Giudici, quien planteó la necesidad de modificar la Ley de Ejecución Penal (24.660) para establecer una restricción clara, general y sin excepciones para los dispositivos móviles.
El eje del problema: estafas y crimen organizado
Según los fundamentos del proyecto, el uso de celulares en cárceles se convirtió en una herramienta clave para la comisión de delitos como estafas virtuales, extorsiones y coordinación de bandas criminales.
Desde llamadas telefónicas haciéndose pasar por funcionarios hasta el manejo de cuentas bancarias y billeteras digitales, las modalidades delictivas se diversificaron en los últimos años.
Giudici advirtió que muchos internos continúan liderando organizaciones delictivas desde prisión, lo que genera un fuerte impacto en la seguridad pública fuera de los establecimientos penitenciarios.
Qué propone la nueva ley
La iniciativa establece la prohibición absoluta de la tenencia, uso, comercialización o ingreso de dispositivos móviles, incluyendo celulares, tarjetas SIM, módems y routers portátiles.
Como alternativa, se permitirá únicamente el uso de equipamiento tecnológico provisto por las autoridades penitenciarias, bajo condiciones estrictamente controladas y con fines educativos, laborales o de reinserción social. El objetivo es cerrar cualquier vía de comunicación no supervisada que pueda facilitar la comisión de delitos.
El antecedente de la pandemia y la controversia
El debate sobre el uso de celulares en cárceles se intensificó a partir de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se habilitó su utilización como medida excepcional ante la suspensión de visitas por la pandemia de COVID-19.
Esa decisión, que en su momento buscó garantizar el contacto de los internos con sus familias, fue luego cuestionada por la falta de controles y el posible aprovechamiento por parte de organizaciones delictivas.
Desde el oficialismo sostienen que esa flexibilización generó un escenario que hoy requiere una respuesta legislativa más estricta.
Casos recientes que reavivan el debate
El proyecto también se apoya en casos recientes que expusieron cómo se articulan delitos desde las cárceles. Uno de ellos fue el del soldado Rodrigo Gómez, víctima de una presunta extorsión que derivó en su muerte.
El soldado voluntario Rodrigo Gómez antes de quitarse la vida en la Quinta de Olivos.
En esa causa, la Justicia detuvo a personas que operaban tanto desde el exterior como desde penales bonaerenses, lo que volvió a poner el foco en la falta de control sobre las comunicaciones de los internos.
Seguridad vs. derechos, una discusión abierta
La propuesta abre un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad y derechos humanos en el sistema penitenciario. Mientras sectores del oficialismo sostienen que la medida es clave para combatir el delito, otros advierten sobre la necesidad de garantizar condiciones mínimas de comunicación para las personas privadas de la libertad.
En un contexto de creciente preocupación por la inseguridad, el proyecto promete generar un intenso debate en el Congreso y podría convertirse en una de las iniciativas más relevantes en materia de política criminal del año.
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