La gestión de Maximiliano Pullaro en la Provincia de Santa Fe atraviesa un momento crítico tras el ataque armado ocurrido este lunes en una escuela de San Cristóbal. El episodio, calificado como inédito por las autoridades, se suma a una cadena de eventos criminales que forzaron cambios estructurales en las políticas de seguridad y en el esquema de custodia del mandatario.
[AHORA] Por el alumno que entró armado al colegio Mariano Moreno, Pullaro destacó que "están llegando los ministros" que van a "contener a la comunidad educativa" y "se está trabajando" para "empezar el proceso penal sobre el victimario". pic.twitter.com/LC73tSdZKd https://t.co/A4QLcI7tsQ
— ElCanciller.com (@elcancillercom) March 30, 2026
Desde el inicio de su mandato, el gobierno santafesino enfrentó desafíos que van desde amenazas directas de organizaciones narco hasta crímenes cometidos por menores de edad que impulsaron debates legislativos nacionales. Estos sucesos marcaron un giro en la relación de la provincia con la Casa Rosada y con las fuerzas federales.
Los cinco casos que definieron el rumbo de la seguridad en Santa Fe incluyen el tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno, el plan para atentar contra la vida del gobernador, el asesinato de Jeremías Monzón, la ola de violencia narco en Rosario y el doble homicidio del líder de la barra brava de Rosario Central.

A las 7:20 de este lunes, un adolescente de 15 años ingresó armado al establecimiento educativo con una escopeta y abrió fuego contra otros estudiantes. El ataque provocó la muerte de un alumno de 13 años y dejó al menos dos heridos, lo que derivó en la suspensión inmediata de la agenda oficial de todo el gabinete provincial.
VIDEO: UN ALUMNO ENTRÓ AL COLEGIO CON UNA ESCOPETA Y MATÓ A UN COMPAÑERO EN SANTA FE
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Un alumno mató a un compañero este lunes en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, durante el inicio de la jornada cuando los estudiantes izaban la bandera. El hecho ocurrió cerca de las 7.10.… pic.twitter.com/0xU7K97hBt
El gobernador manifestó estar "muy golpeado por lo sucedido" y ordenó un despliegue interministerial encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el titular del Ministerio de Educación, José Goity. El atacante fue identificado como un alumno de primer año y la Justicia ya activó el proceso penal correspondiente para determinar las responsabilidades del hecho.
A mediados de marzo, la Subsecretaría de Inteligencia alertó sobre una investigación judicial en curso tras el hallazgo de un arsenal enterrado en un terreno de Roldán. El operativo permitió incautar fusiles de alto poder de fuego vinculados a una organización criminal, lo que confirmó las sospechas de un plan concreto para atentar contra el jefe del Ejecutivo y otros funcionarios.

Ante esta amenaza, Cococcioni recomendó elevar los niveles de alerta y revisar los protocolos de ingreso a la sede de Gobierno santafesino, reconociendo que esto podría afectar la exposición pública del mandatario. El ministro señaló que, si bien las intimidaciones no son nuevas, la coincidencia de información de distintas fuentes otorgó a este plan una "mayor seriedad y verosimilitud".
El asesinato de un adolescente de 15 años, quien recibió 23 puñaladas en la ciudad de Santa Fe en diciembre pasado, se convirtió en el principal argumento del gobernador para respaldar la baja de la edad de imputabilidad. La investigación confirmó la participación de tres menores en el hecho, de los cuales dos tenían 14 años al momento del crimen.
¿La Justicia debe juzgar el delito o la edad de quien lo comete?
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Tras el crimen de Jeremías Monzón y la difusión de un video que generó conmoción, el gobernador Maximiliano Pullaro volvió a insistir con la baja de la edad de imputabilidad penal. “La ley penal debe juzgar el… pic.twitter.com/K8BYv7XsCW
Maximiliano Pullaro utilizó este caso para pedir una reforma del régimen penal juvenil en el Congreso de la Nación, bajo la premisa de que "un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor". El mandatario advirtió además sobre el uso sistemático de menores por parte de estructuras delictivas para evadir la responsabilidad penal.
En marzo de 2024, la ciudad de Rosario sufrió una ola de violencia sin precedentes que incluyó los asesinatos de dos taxistas, un chofer de colectivo y el playero de una estación de servicio, Bruno Bussanich. Estos crímenes, ejecutados contra trabajadores elegidos al azar, tuvieron como objetivo infundir terror en la población civil en respuesta a las nuevas políticas penitenciarias.

Este escenario forzó al gobierno nacional de Javier Milei a enviar una nueva dotación de fuerzas federales y llevó al gobernador a solicitar que el Ejército se sume a las tareas de seguridad ciudadana. El mandatario calificó estos hechos como "ataques terroristas" y pidió dejar de lado debates ideológicos para priorizar soluciones prácticas.
El asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte, histórico líder de la barra brava, ocurrió en noviembre de 2024 y representó un desafío directo a la eficacia del Plan Bandera. El doble homicidio, en el que también murió su aliado Daniel Attardo, se produjo en una zona donde la provincia afirmaba haber recuperado el control territorial.

Tras el suceso, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, envió a su segunda en la cartera, Alejandra Monteoliva, para coordinar la investigación y evitar una escalada de violencia en el territorio. Pullaro reconoció la gravedad del hecho pero aseguró que "el Estado está preparado distinto" para enfrentar este tipo de crisis de seguridad pública.
TM