El Gobierno de Córdoba enviará esta semana a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir de forma definitiva la actividad de los cuidacoches ilegales y los limpiavidrios en todo el territorio provincial. La iniciativa surge tras una serie de incidentes violentos en la calle y busca unificar los criterios de control que actualmente dependen de cada municipio.
La propuesta del gobernador Martín Llaryora establece que la actividad informal estará prohibida, aunque deja abierta la posibilidad de que cada intendente decida si permite esquemas de trabajo regulados. En los casos donde los municipios autoricen el estacionamiento cuidado, será obligatorio implementar un registro formal de identificación y control de los trabajadores.
Mantuvimos una reunión de trabajo con la vicegobernadora Myrian Prunotto; el intendente Daniel Passerini, el presidente provisorio de la Unicameral y presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas; los ministros Juan Pablo Quinteros y Daniel… pic.twitter.com/FvhZoKmMgL
— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 29, 2026
El proyecto de ley prohíbe totalmente la actividad de los limpiavidrios en toda la provincia y delega en los intendentes la potestad de autorizar, o no, a los naranjitas registrados en cooperativas.
En la ciudad de Córdoba, se conoce como naranjitas a las personas que cobran por cuidar vehículos estacionados en la calle. Su nombre proviene de las pecheras de color naranja que utilizan para ser identificados por los conductores. Aunque existen cooperativas reguladas, una gran parte de la actividad se desarrolla de manera informal.

El endurecimiento de la postura oficial se aceleró tras un grave episodio de violencia ocurrido el 24 de marzo. Un comisario de la Policía de Córdoba recibió un balazo en la espalda al intentar intervenir en una pelea entre cuidacoches no registrados. Ante este escenario, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, afirmó: "En Córdoba el orden público no se negocia".

El proyecto de ley se apoya en tres pilares fundamentales para ordenar el uso del espacio público:
Desde el inicio de 2026, las autoridades han intensificado los operativos en la calle. Según datos del Ministerio de Seguridad, ya fueron detenidos 156 cuidacoches por situaciones de extorsión o violencia en la vía pública.
La Pastoral Social del Arzobispado de Córdoba, que encabeza el cardenal Ángel Rossi, emitió un documento titulado “Ciudades para todos” en el que cuestiona el enfoque punitivo de la ley. El organismo advierte que la prohibición sin una alternativa real puede empujar a los sectores excluidos hacia la economía criminal.
En el texto, la Iglesia retoma el concepto de "cultura del descarte" del Papa Francisco y sostiene que "la prohibición del trabajo popular no es la verdadera solución". El organismo propone, en cambio, fortalecer el sistema de cooperativas que ya funciona en la capital cordobesa, el cual permite regular tarifas y zonas de trabajo.
Ante las críticas por el impacto social de la medida, el gobernador Martín Llaryora aseguró que la provincia acompañará a los municipios en la implementación de programas de reinserción laboral. El objetivo es brindar oportunidades concretas de formación para quienes hoy dependen de la informalidad callejera.
Sin embargo, desde la oposición cuestionan la efectividad de estos anuncios. Sectores del radicalismo y de La Libertad Avanza calificaron la medida como una reacción tardía ante la inseguridad. Legisladores opositores exigieron que los intendentes den a conocer sus planes de regulación antes de que la ley se apruebe en la Unicameral, previsto para después de Semana Santa.
TM