Símbolos religiosos prohibidos: el incómodo proyecto que vuelve a Diputados

La diputada nacional Karina Banfi volvió a presentar en el Congreso un proyecto de ley que propone la remoción de símbolos e imágenes religiosas de los espacios públicos y edificios pertenecientes al Estado Nacional.

La iniciativa, que ya había sido impulsada en varias oportunidades desde 2018, busca reforzar el carácter laico del Estado y garantizar la libertad de conciencia y de culto.

El eje del proyecto: un Estado laico sin símbolos religiosos

El texto establece que, una vez sancionada la ley, quedará prohibida la exhibición de símbolos religiosos en espacios públicos y dependencias estatales, con un plazo de 90 días para su remoción.

Como excepción, la iniciativa contempla aquellos casos en los que las imágenes formen parte del lenguaje arquitectónico del edificio, mientras que el destino de los objetos retirados quedará a cargo de la autoridad de aplicación.

En los fundamentos, Banfi señala que la propuesta apunta a “garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos en el territorio de la República Argentina”.

Una iniciativa reiterada en el Congreso

El proyecto no es nuevo dentro de la agenda legislativa. Según detalla la propia diputada, fue presentado previamente en distintas oportunidades bajo expedientes de 2018, 2020, 2022 y 2024.

La insistencia responde, según argumenta, a la necesidad de avanzar en una definición más clara del rol del Estado frente a las distintas expresiones religiosas.

En ese sentido, Banfi sostiene que “la simbología religiosa no solo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del Estado Nacional”.

Argumentos constitucionales y jurídicos

Uno de los puntos centrales de la fundamentación del proyecto es la interpretación del artículo 2 de la Constitución Nacional, que establece que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano.

Según la diputada radical, ese sostenimiento debe entenderse exclusivamente en términos económicos y no como una definición confesional del Estado. En esa línea, remarca que “este sostenimiento es únicamente de índole económica y financiera” y que la Constitución no establece la adopción de una religión oficial.

Además, recuerda que durante la Convención Constituyente de 1853 hubo intentos de declarar al país como un Estado confesional, pero que esa postura no prosperó.

Libertad de culto y tratados internacionales

El proyecto también se apoya en normativa internacional con jerarquía constitucional. En particular, menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

En ese marco, Banfi argumenta que la iniciativa busca que el Estado “garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos”.

Asimismo, cita instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención sobre los Derechos del Niño, todos ellos con disposiciones vinculadas a la libertad religiosa.

Antecedentes judiciales y debate público

Entre los antecedentes mencionados, el proyecto recuerda la causa iniciada en 2003 contra el Estado Nacional por la instalación de una imagen religiosa en el Palacio de Tribunales.

En ese caso, los demandantes plantearon la necesidad de asegurar condiciones de igualdad para todos los ciudadanos ante la Justicia, independientemente de sus creencias religiosas. Según se detalla en los fundamentos, el objetivo era evitar que cualquier persona pudiera suponer que su fe —o la ausencia de ella— influiría en el tratamiento de su caso.