El Gobierno nacional dio un paso clave en su estrategia sobre el Poder Judicial: envió al Senado el listado de candidatos que impulsa el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías de todo el país.
Se trata de una primera tanda de 52 pliegos que ya ingresó a la Cámara alta y que marca el inicio de una etapa de definiciones en un sistema que arrastra cargos sin cubrir desde mediados de 2023.
La movida representa, además, el primer avance concreto de la gestión de Javier Milei en materia de designación de magistrados.
El armado de los nombres lleva el sello de Mahiques y expone el intento del Ejecutivo de incidir en la reconfiguración del mapa judicial.
Las vacantes alcanzan a fueros clave como penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social, en un contexto donde la falta de cobertura impacta directamente en el funcionamiento de los tribunales.
Entre los postulantes aparecen nombres que ya generan ruido en el ámbito político y judicial.
Uno de los casos más resonantes es el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, propuesto para integrar un tribunal oral federal en Santa Fe.
También figura María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, y se espera que en próximas tandas se sumen otros perfiles con vínculos en el mundo judicial.

Los pliegos deberán atravesar ahora el proceso de análisis en la comisión de Acuerdos del Senado, antes de llegar al recinto.
El oficialismo apuesta a acelerar los tiempos, aunque el calendario legislativo —atravesado por los feriados de Semana Santa— y la necesidad de acuerdos políticos anticipan un trámite que no será inmediato.
En la Cámara alta ya se especula con el ingreso de nuevas tandas en los próximos días, con el objetivo de completar una primera etapa de más de 60 designaciones.
El tratamiento se dará bajo el reglamento actualizado del Senado, que exige mayor publicidad de los pliegos.
A partir de la reforma aprobada el 18 de marzo, los candidatos deberán ser difundidos con al menos 15 días de anticipación a las audiencias públicas, tanto en canales oficiales como en redes y el Boletín Oficial.
Además, en los casos de cargos fuera de la Ciudad de Buenos Aires, la información deberá ser replicada en las legislaturas provinciales.
El cambio busca dar mayor transparencia a un proceso históricamente atravesado por negociaciones políticas, que ahora vuelve a escena con la lista de nombres ya sobre la mesa.