La diputada Lilia Lemoine se encamina a presidir la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, en una jugada que no solo ordena una estructura paralizada desde 2024, sino que también revela la estrategia del oficialismo para blindar al presidente Javier Milei frente a cualquier intento de la oposición de avanzar con un proceso de remoción.
La decisión fue impulsada desde la cúpula del Gobierno y cuenta con el respaldo del titular de la Cámara baja, Martín Menem, en un movimiento que busca garantizar control político sobre uno de los espacios institucionales más sensibles del Congreso.
La normalización de la comisión, prevista para esta semana, pone fin a un largo limbo administrativo que se inició tras el fallido intento de designar autoridades el año pasado. Desde entonces, el cuerpo permaneció inactivo, lo que en los hechos funcionó como una barrera para cualquier intento opositor de activar el mecanismo de juicio político.
Ese antecedente no es menor: el oficialismo aprendió que el vacío institucional también puede ser una herramienta de poder, y ahora busca reemplazarlo por conducción directa.
El trasfondo de la designación expone, además, la interna libertaria que dejó heridos. La disputa entre Marcela Pagano y el propio Menem por la conducción de la comisión derivó en una crisis que terminó con la salida de la periodista del bloque oficialista. En ese conflicto, Lemoine fue una de las figuras más confrontativas, lo que ahora le suma carga política a su eventual nombramiento.

La elección no es casual: el oficialismo coloca al frente de Juicio Político a una dirigente de extrema confianza, con perfil combativo y alineamiento total con la conducción política de Karina Milei, en un contexto donde la Casa Rosada busca reducir al mínimo cualquier margen de autonomía interna.
Más allá de la interna, el movimiento tiene un objetivo claro: cerrar filas. Con una oposición fragmentada pero activa, el Gobierno apuesta a controlar cada resorte institucional que pueda transformarse en un foco de desgaste.
En ese esquema, la comisión de Juicio Político deja de ser un ámbito técnico para convertirse en una pieza clave del engranaje político del oficialismo, en un Congreso donde cada movimiento anticipa la disputa de poder que se proyecta hacia 2027.