Universidades públicas: el fallo que dejó al Gobierno en una situación incómoda

La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe ejecutar de inmediato la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria, al rechazar la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y confirmar la medida cautelar dictada en primera instancia.

El fallo obliga a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización salarial de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles. La resolución vuelve a poner en el centro del conflicto la situación crítica del sistema universitario.

Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán fueron especialmente duros con la defensa oficial, al considerar “poco serios” los argumentos que planteaban que la cautelar equivalía a una sentencia definitiva encubierta. Además, descartaron que la medida tenga un impacto fiscal significativo o que afecte el interés público.

El fallo también refuerza lo planteado en primera instancia por el juez Enrique Cormick, quien ya había advertido sobre la “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” del decreto 759/2025, utilizado por el Gobierno para frenar la aplicación de la ley aprobada por el Congreso.

El costo político del conflicto universitario

La decisión judicial reaviva un conflicto que el oficialismo intentó desactivar por la vía administrativa, pero que ahora vuelve a escalar en el plano institucional. El Gobierno había argumentado que la norma requería financiamiento específico y que su implementación afectaba el equilibrio fiscal, una postura que la Cámara desestimó de manera contundente.

El trasfondo es político: la negativa a ejecutar la ley no solo tensó la relación con las universidades, sino que también dejó expuesta una estrategia de confrontación con sectores que tienen alta legitimidad social. Las masivas movilizaciones de 2024 y 2025 ya habían marcado ese límite.

En ese contexto, el oficialismo intenta ahora rediseñar el esquema a través de una nueva ley que modifique el sistema vigente, buscando respaldo parlamentario para evitar nuevos reveses judiciales. Sin embargo, el fallo deja en evidencia que, al menos por ahora, la Justicia se convirtió en un freno concreto a la política de ajuste sobre la educación superior.

La resolución no solo obliga a cumplir una norma, sino que marca un precedente: el equilibrio fiscal no puede sostenerse a costa de incumplir leyes vigentes ni de desfinanciar áreas estratégicas como la universidad pública.