La Justicia dispuso la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica sobre Fabiola Yáñez en el marco de una causa por amenazas y otros delitos, en un expediente que se cruza con su conflicto judicial con Alberto Fernández.
La medida fue ordenada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de la Ciudad de Buenos Aires.
El objetivo central del estudio será determinar si, al momento de los hechos investigados, Yáñez contaba con la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos y de dirigir sus acciones, tal como establece el artículo 34 del Código Penal.
Para eso, los peritos trabajarán sobre documentación ya incorporada al expediente, como historias clínicas y testimonios aportados durante la investigación.
La imputada manifestó que no desea participar de la evaluación, por lo que el análisis se realizará en base a esos elementos, salvo que modifique su postura.

Entre los puntos solicitados por la Justicia, se encuentra la necesidad de establecer si Yáñez presentaba algún tipo de alteración en sus facultades mentales al momento de los hechos.
En particular, los especialistas deberán determinar si existió una “alteración morbosa” o un “estado de inconsciencia”, y si el consumo de alcohol o psicofármacos pudo haber influido en su comportamiento.
También se evaluará si esas condiciones, en caso de haber existido, afectaron su capacidad para comprender la gravedad de sus actos o actuar en consecuencia.
La resolución judicial fijó además límites claros sobre el alcance de la pericia. El juez rechazó incluir interpretaciones sobre si las conductas investigadas pueden ser consideradas manifestaciones de una patología, al entender que esos aspectos no son pertinentes en esta etapa del proceso y se basan en supuestos no probados.
Asimismo, se descartó por ahora la evaluación del estado actual de Yáñez y de un eventual riesgo para sí o terceros, debido a su negativa a participar del examen.
En paralelo, se confirmó la participación como perito de parte del psiquiatra Rafael Ángel Herrera Milano, mientras que la Fiscalía, la defensa y la asesoría tutelar podrán proponer otros especialistas en un plazo de tres días.
La medida busca avanzar en la determinación de la responsabilidad penal en una causa que sigue en etapa de investigación y que se desarrolla en medio de la disputa judicial entre la ex primera dama y el expresidente.