Lourdes Arrieta presiona por la salud de las FF.AA.: qué exigió por la ex IOSFA

La atención médica de los integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de seguridad atraviesa un escenario de incertidumbre crítica debido a la transición del sistema de salud. La diputada nacional Lourdes Arrieta manifestó su "profunda preocupación" ante las crecientes dificultades que enfrentan miles de familias para acceder a prestaciones médicas básicas, medicamentos y continuidad de tratamientos. El reclamo se centra en la falta de previsibilidad tras la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

La crisis golpea de forma directa a los afiliados que, según denuncias territoriales, sufren situaciones de desprotección ante la posible reconfiguración del sistema. Mientras el Estado nacional avanza en la división del esquema de cobertura, los beneficiarios reportan cortes masivos de servicios en diversos puntos del país.

El déficit de la prestadora médica ya alcanza los $300.000 millones y afecta a más de 600.000 afiliados que enfrentan un "limbo sanitario" con la suspensión de cirugías y entrega de drogas oncológicas.

¿Qué está pasando con la atención médica en las FF.AA.?

La situación actual se describe como un colapso en la cadena de pagos a prestadores, lo que derivó en la interrupción de servicios esenciales en clínicas privadas y farmacias. Los afiliados se ven obligados a costear tratamientos de su propio bolsillo sin garantías de reintegro en el corto plazo. En provincias como Chaco y Corrientes, abogados locales advierten que la falta de pago provocó que el sistema sea hoy "terminal".

"Se han recibido numerosos testimonios de afiliados y sus familias que expresan dificultades en el acceso a prestaciones médicas, provisión de medicamentos y continuidad de tratamientos", denunció Arrieta a través de un comunicado. La legisladora resaltó que la salud del personal militar debe ser una "prioridad indelegable del Estado".

¿Por qué se cerró el IOSFA y qué son las nuevas obras sociales?

El gobierno de Javier Milei oficializó la disolución del IOSFA alegando una "inviabilidad del esquema anterior" debido a irregularidades financieras. Para reemplazarlo, se crearon dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), destinada exclusivamente al personal militar, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), para Gendarmería y Prefectura.

Sin embargo, este proceso de escisión generó un vacío operativo. La diputada Arrieta advirtió que la división entre IOSFA, OSFA y OFESEG "incrementa la preocupación respecto de la cobertura, la continuidad de prestaciones y la estabilidad del sistema". Aunque el Ministerio de Defensa asegura que la transición es un "movimiento estratégico", ella señala que el organismo pasó de tener superávit a un déficit consolidado de forma acelerada.

¿Qué exigió Lourdes Arrieta ante el "limbo sanitario"?

Ante este panorama, la legisladora exigió a las autoridades competentes abordar la crisis con "responsabilidad y celeridad". En su presentación, hizo un llamado a priorizar soluciones concretas que brinden tranquilidad a las familias y eviten la profundización de escenarios de vulnerabilidad extrema. "Cuando se trata de la salud de las personas, no hay margen para la incertidumbre", sentenció la diputada.

Paralelamente, se mantiene activa una denuncia penal en el juzgado de Daniel Rafecas por presunta administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. Arrieta sostuvo que el dinero de la obra social "habría sido triangulado para financiar la campaña política" del exministro Luis Petri. La Justicia ahora investiga el destino de un préstamo de $40.000 millones otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) que no habría sido volcado a infraestructura médica.

¿Qué pasará con los edificios y el personal del organismo?

A pesar de los rumores sobre posibles ventas de activos para cubrir la deuda, el Ministerio de Defensa aseguró que los inmuebles permanecerán bajo su jurisdicción. Se trata de 44 establecimientos, entre hoteles y oficinas, que ahora serán administrados a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

En cuanto al personal, la organización ATE (Asociación Trabajadores del Estado) confirmó que se mantendrán las mismas condiciones laborales y salariales durante el proceso de reestructuración. Las autoridades de la nueva OSFA indicaron que el plan de ordenamiento patrimonial busca mejorar la eficiencia operativa sin rematar edificios, mientras una comisión especial supervisa la transición para garantizar que la prioridad siga siendo la cobertura de salud de los uniformados.

TM