El Gobierno va a la Corte por el financiamiento universitario: qué puede pasar

La disputa por el presupuesto de las universidades nacionales entró en una fase de máxima tensión judicial y política. Este martes, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Poder Ejecutivo y confirmó una medida cautelar que ordena la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Ante esta decisión, la Casa Rosada confirmó que presentará un recurso extraordinario para que el caso sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fallo judicial exige que el Estado nacional cumpla con la actualización de los salarios de docentes y no docentes, además de recomponer los programas de becas estudiantiles. Los magistrados calificaron como "poco serios" los argumentos oficiales que vinculaban esta medida con un riesgo para el equilibrio fiscal.

El impacto económico de aplicar la ley se estima en un 0,23% del PBI, un porcentaje que la Justicia considera bajo en comparación con el derecho constitucional a la educación superior pública.

¿Qué decidió la Justicia y por qué el Gobierno se niega a pagar?

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la validez de la Ley 27.795, sancionada por el Congreso de la Nación en 2024. Aunque el presidente Javier Milei vetó la norma en su momento, los legisladores lograron ratificarla con dos tercios de los votos. Sin embargo, el Gobierno suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, bajo el argumento de que "no hay plata" y que no se especificaron las fuentes de financiamiento en el Presupuesto.

En el fallo de este martes, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán sostuvieron que el Ejecutivo no puede anular una ley mediante un decreto de menor jerarquía. Además, señalaron que la inflación genera un aumento automático en la recaudación que compensa los gastos de actualización salarial. Por su parte, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió que la desobediencia de esta orden judicial podría configurar una "causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos".

¿Cómo sigue el camino legal ante la Corte Suprema?

Tras conocerse el fallo, fuentes oficiales aseguraron que presentarán un Recurso Extraordinario Federal (REF). Esta es una herramienta procesal para que la Corte Suprema revise sentencias que afectan la interpretación de la Constitución Nacional. Si este recurso es rechazado por la Cámara, el Gobierno podría ir directamente "en queja" ante el máximo tribunal.

Sin embargo, el camino legal no frena necesariamente la obligación de pago. Según explicaron referentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las medidas cautelares deben cumplirse de manera inmediata mientras se resuelve la cuestión de fondo. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, enfatizó que "lo que resta es que el gobierno cumpla con la orden judicial" para evitar que el conflicto se profundice aún más.

¿Qué pasa con las clases y el nuevo calendario de paros?

Mientras la pelea sigue en los tribunales, el sistema universitario nacional inició su tercera semana consecutiva de paro. La medida de fuerza, impulsada por federaciones como Conadu Histórica y Conadu, registra un acatamiento superior al 80% en ciudades como Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Los gremios denuncian un atraso salarial del 50% frente a la inflación acumulada desde fines de 2023.

La situación de precariedad llevó a los docentes a realizar clases públicas en lugares simbólicos, como frente al departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio de Caballito. Desde la asociación Adiuc señalaron que no están dispuestos a "naturalizar el trabajo precarizado que conduce al vaciamiento del sistema universitario". Ante la falta de respuestas, el frente sindical ya evalúa declarar un paro por tiempo indeterminado si los aumentos no se liquidan en el corto plazo.

¿Se viene una nueva Marcha Federal Universitaria?

El descontento en las aulas y facultades está impulsando la convocatoria a una cuarta Marcha Federal Universitaria. Distintos sectores gremiales y estudiantiles proponen el 23 de abril como fecha tentativa para la movilización, coincidiendo con el segundo aniversario de la primera gran marcha masiva de 2024.

El objetivo de esta nueva protesta nacional es exigir el cumplimiento de la ley y visibilizar el deterioro de las Becas Progresar, cuyo valor real cayó un 95% según datos del CIN. Mientras el oficialismo en el Congreso intenta presentar proyectos de reforma para modificar la ley vigente y ofrecer aumentos escalonados del 4%, las universidades sostienen que el sistema está en emergencia presupuestaria y que las transferencias del Estado nacional se redujeron un 45,6% en los últimos tres años.

TM