La interna de la Unión Cívica Radical bonaerense sumó un capítulo decisivo tras el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que rechazó la impugnación del sector encabezado por Miguel Fernández y convalidó el adelantamiento de las elecciones partidarias al 7 de junio de 2026. La resolución no solo ordena el calendario, sino que reconfigura el tablero político y expone la falta de conducción.
El respaldo judicial a lo actuado por los órganos partidarios consolida una lógica de mayoría que deja a un sector en minoría y sin margen legal para frenar el proceso. En términos políticos, implica que la disputa se traslada definitivamente al terreno electoral, sin instancias de contención interna.
El fallo también desactiva uno de los principales argumentos de la oposición interna: la supuesta desventaja que implicaba adelantar la elección. Para la Justicia, no hubo pruebas concretas de perjuicio, lo que obliga a ese espacio a reformular su estrategia en un escenario adverso.
Además, la resolución confirma que el radicalismo bonaerense sigue funcionando bajo un esquema transitorio, con autoridades de contingencia que, lejos de ordenar, prolongaron la crisis iniciada tras las internas de 2024.
Lo que está en juego excede la fecha electoral. La verdadera pelea es por el control del Comité Provincia, los comités distritales y la Convención, estructuras clave para definir candidaturas y alianzas hacia 2027.

En ese marco, el sector referenciado en Miguel Fernández y Alejandra Lordén ya advirtió que, sin una integración real, competirá con lista propia. La amenaza de ruptura dejó de ser implícita para transformarse en una posibilidad concreta.
Del otro lado, los espacios alineados con Maximiliano Abad y Martín Lousteau avanzan con una estrategia de consolidación interna que prioriza el control partidario, aun a costa de profundizar la fragmentación.
La disputa, sin embargo, revela un problema más profundo: la falta de una estrategia común. Mientras algunos sectores analizan acuerdos con el oficialismo, otros sostienen vínculos con el peronismo o impulsan una alternativa autónoma, lo que deja al partido sin una identidad clara.
En ese contexto, la intervención judicial aparece más como un síntoma que como una solución. Tal como advirtió el intendente José Luis Salomón, cuando la política no logra resolver sus diferencias, termina trasladando el conflicto a los tribunales, con el riesgo de agravar la crisis interna.
La UCR bonaerense entra así en una elección anticipada, pero también en una etapa de definiciones forzadas. El problema es que, en medio de la disputa por el poder, el partido corre el riesgo de debilitarse aún más de cara al escenario electoral que viene.