El reciente dato difundido por el INDEC, que ubicó la pobreza en torno al 28%, reactivó una discusión histórica en la Argentina sobre la credibilidad de las estadísticas sociales y su vínculo con el contexto económico.
Mientras el Gobierno de Javier Milei destacó la baja como un indicador de mejora, sectores críticos cuestionaron la consistencia del número frente a una supuesta “percepción social” más bien negativa, planteando dudas sobre su representatividad.
En ese contexto, volvió al centro del debate un antecedente clave: la discontinuación de la publicación oficial de la pobreza entre 2014 y 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
LA POBREZA SIGUE BAJANDO.
— Javier Milei (@JMilei) March 31, 2026
Dato no relato.
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En abril de 2014, el INDEC anunció que dejaría de difundir los índices de pobreza e indigencia, argumentando “severas carencias metodológicas”.
El organismo explicó que el cambio en el índice de precios —del IPC del Gran Buenos Aires a un nuevo índice nacional— generaba una “imposibilidad de empalme” que afectaba la consistencia de la serie histórica.
Desde entonces, la Argentina quedó sin datos oficiales sobre pobreza durante casi dos años, en un hecho inédito para un indicador central del diagnóstico social. El empalme nunca llegó.
Previo a esa decisión, el último registro oficial correspondía al segundo semestre de 2013, con una pobreza de 4,7%.
Ese número ya generaba fuertes cuestionamientos: diversas universidades, sindicatos y centros de estudios estimaban niveles muy superiores, en muchos casos entre el 20% y el 30%.
La brecha entre los datos oficiales y las mediciones alternativas alimentó un clima de desconfianza que terminó erosionando la credibilidad del indicador.

En marzo de 2015, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof sintetizó la postura oficial con una declaración que se volvió emblemática: “Yo no tengo el número de pobres, me parece que es una medida bastante estigmatizante”.
El funcionario definió así la ausencia de estadísticas oficiales y sostuvo que medir la pobreza era una cuestión “compleja”.
La frase generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos, académicos y sindicales, que consideraron que no medir la pobreza implicaba invisibilizar el problema.
Y si bien el ministro se defendió diciendo que "hay 500 mediciones" sobre la pobreza, aclaró que "hay un índice que, por los problemas de hacer homogénea la serie y hacerla nacional, lleva más tiempo". Por lo tanto, aclaró que "cuando esté, se va a publicar". Ese día no llegó.
Durante ese período sin estadísticas oficiales, distintos organismos ocuparon el vacío informativo.
Entre ellos, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA estimaba que en 2013 la pobreza rondaba el 26%, mientras que otras mediciones —como las de la CGT o centros de estudios privados— la ubicaban incluso cerca del 30%.
Por su parte, la CTA oficialista, que dirigía Hugo Yasky, dijo en 2014, a través de su centro de estudios (Cifra), que la pobreza alcanzaba al 17,8%; por su parte, la consultora oficialista Equis, de Artemio López, muy cercano a kirchnerismo, dijo que se ubica en el 12%. Para el instituto oficial de la ciudad de Buenos Aires, la canasta arroja una cantidad de pobres equivalente al 20% de la población porteña.
La coexistencia de múltiples cifras sin una referencia oficial consolidada profundizó la incertidumbre y debilitó la capacidad de diagnóstico de la situación social.
La publicación oficial de la pobreza se restableció en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri.
El primer dato difundido por el INDEC tras la normalización marcó un 32% de pobreza para el primer semestre de 2016, un valor muy superior al último registro oficial de 2013.
Ese contraste reforzó la idea de que los datos previos habían perdido consistencia metodológica y credibilidad.