Milei va a la Corte y acelera fondos: qué cambia para las universidades

El Gobierno nacional decidió avanzar con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificara la obligación de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial dejó sin margen al Poder Ejecutivo, que ahora intenta ganar tiempo en el plano legal mientras comienza a ejecutar parte de las partidas.

El fallo, firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, fue contundente: no solo ordenó la aplicación inmediata de la norma, sino que además desestimó los argumentos oficiales al considerar que el impacto fiscal es bajo y que está en juego un derecho constitucional como la educación pública superior.

En la Casa Rosada admiten que el margen de maniobra es cada vez más limitado. Aunque avanzarán con la apelación, reconocen que las probabilidades de que la Corte tome el caso son acotadas. Aun así, la decisión política es sostener la disputa hasta la última instancia.

El dato clave es que, en paralelo, el propio Gobierno comenzará a aplicar las actualizaciones presupuestarias que establece la ley, incluyendo recomposición salarial y refuerzo de becas. Es decir, mientras judicializa, también ejecuta. Una señal de repliegue parcial frente a un conflicto que escaló demasiado.

Presión judicial y costo político

La disputa por el financiamiento universitario se transformó en uno de los frentes más sensibles para el oficialismo. No solo por las masivas movilizaciones de 2024 y 2025, sino porque el fallo expone una contradicción central: el ajuste fiscal choca con un límite institucional cuando interviene la Justicia.

Desde el sistema universitario, las cifras refuerzan ese argumento. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias cayeron más de 45% en términos reales desde 2023, mientras que los salarios docentes perdieron fuerte contra la inflación. El deterioro ya impacta en el funcionamiento básico de las universidades.

En ese contexto, la resolución judicial también representa un mensaje político. La Cámara no solo rechazó la postura del Ejecutivo, sino que calificó sus planteos como “poco serios”, un término inusual que refleja el nivel de tensión entre poderes.

El origen del conflicto se remonta al decreto 759/2025, con el que el Gobierno intentó frenar la aplicación de la ley argumentando falta de financiamiento. Para el juez Enrique Cormick, esa decisión constituyó una “arbitrariedad manifiesta”, criterio que ahora fue ratificado en segunda instancia.

Más allá de la discusión jurídica, el trasfondo es político. El Gobierno busca sostener su narrativa de orden fiscal, pero se enfrenta a una presión creciente de universidades, gremios y sectores opositores que lograron instalar el tema como un símbolo del ajuste.

El movimiento hacia la Corte aparece entonces como una jugada defensiva: estirar los tiempos, evitar un costo inmediato y mantener el discurso. El problema es que, en los hechos, la propia administración ya empezó a ceder.

La pulseada, lejos de cerrarse, abre un escenario incómodo para el oficialismo: cumplir una ley que intentó frenar o profundizar un conflicto que ya mostró capacidad de movilización masiva y respaldo institucional.