Rafael Marín dejó la ANAM y crecen las dudas sobre el control aduanero en México

La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) agitó el tablero político. Conocido por su cercanía al expresidente López Obrador, el funcionario anunció que abandonaba el cargo para perseguir sus aspiraciones electorales en Quintana Roo. Su renuncia ocurre en medio de polémicas sobre el huachicol fiscal y la creciente percepción de que las aduanas son un botín político. La agencia, encargada de recaudar impuestos en las fronteras y combatir el contrabando, queda temporalmente acéfala, mientras diversas fuerzas pugnan por controlar sus multimillonarios flujos. Los críticos señalan que esta transición, sin plan de sucesión ni evaluación de desempeño, deja vulnerable al sistema aduanero en un momento clave .

El anuncio generó reacciones encontradas. Algunos simpatizantes de la Cuarta Transformación celebran que Marín busque “servir al pueblo” desde otro cargo, pero empresarios y operadores logísticos temen que la constante rotación de directores debilite la lucha contra la corrupción. Las denuncias de contrabando de combustibles y productos falsificados, así como las pérdidas fiscales asociadas, requieren una dirección técnica y estable. Sin embargo, la historia reciente muestra que la ANAM se ha convertido en una plataforma para catapultar carreras políticas más que en un organismo profesional. Esta politización se traduce en agendas personales que anteponen objetivos electorales a la eficiencia administrativa, una dinámica que erosiona la confianza ciudadana.

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Patrones de politización

El antecedente más cercano de esta situación es la renuncia de Horacio Duarte en 2022. Entonces, el jefe de Aduanas dejó su puesto para coordinar la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México, tras recibir elogios del presidente por supuestamente detener contrabando y drogas. Al igual que Duarte, Marín busca un cargo electivo usando su paso por la ANAM como trampolín, repitiendo un patrón que convierte a la agencia en una cantera de candidatos y que responde más a la lógica de partido que al interés público.

Este uso partidista de un organismo clave tiene efectos perniciosos. Los cambios abruptos dificultan la implementación de estrategias de largo plazo para modernizar los sistemas de control y reducir la corrupción. Cada director imprime su sello, nombra nuevos equipos y crea incertidumbre entre los empleados, lo que favorece a las mafias de contrabandistas. La militarización de la institución puede disminuir algunos ilícitos, pero sin continuidad administrativa y sin profesionales especializados, los problemas estructurales persisten. Mientras, el discurso oficial de la 4T proclama que la lucha contra el contrabando es una prioridad, pero la realidad muestra que el organismo es instrumentalizado para fines electorales.

Marín deja la ANAM para buscar Quintana Roo y reabre dudas sobre control aduanero.

Consecuencias y desafíos

La renuncia de Marín coincide con un entorno económico delicado. Los controles aduaneros son la primera línea de defensa contra el ingreso de productos ilegales y la evasión fiscal. La salida de un director sin entregar resultados tangibles —ni presentar un plan de transición— expone las grietas en la gestión. Los empresarios importadores temen retrasos, procedimientos contradictorios y mayores costos, mientras que los contrabandistas ven oportunidades para reactivar rutas clandestinas. La falta de institucionalidad debilita la recaudación fiscal y repercute en la capacidad del Estado para financiar programas sociales. En un país donde el crimen organizado ha infiltrado múltiples órganos de gobierno, la cabeza de Aduanas no debería ser un cargo de paso.

La salida del titular refuerza críticas por el uso político de Aduanas y su inestabilidad.

Frente a este panorama, especialistas proponen profesionalizar el servicio aduanero mediante concursos, plazos fijos para los titulares y evaluación de desempeño. También sugieren aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, así como separar la estrategia antievasión de los tiempos electorales. Si la ANAM continúa siendo un trampolín político, el contrabando y la corrupción se perpetuarán y los contribuyentes seguirán pagando el precio. El reto para México es demostrar que puede construir instituciones fuertes en lugar de usarlas para la promoción de cuadros políticos. La credibilidad de la Cuarta Transformación depende de ello.