La Justicia federal investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras detectar vínculos entre su escribana personal y una red de narcotráfico internacional. El fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar a la profesional que certificó las últimas compras inmobiliarias del funcionario en Caballito y en un barrio privado.
Adriana Mónica Nechevenko de Schuster participó hace 12 años como testigo en un megajuicio vinculado al tráfico de efedrina y el triple crimen de General Rodríguez. Los registros oficiales confirman que la mujer visitó la Casa Rosada siete veces para entrevistarse con el ministro coordinador antes de las escrituraciones.
La escribana de Adorni validó sociedades y laboratorios que importaron 10 toneladas de efedrina para carteles mexicanos, la misma estructura legal que orbitó los asesinatos de 2008.
El triple crimen de General Rodríguez fue la ejecución de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, cuyos cuerpos aparecieron en un zanjón el 13 de agosto de 2008. Las víctimas fueron torturadas y asesinadas a tiros tras intentar competir en el tráfico ilegal de efedrina, un precursor químico para fabricar drogas sintéticas.

El caso reveló una red de complicidades entre empresarios farmacéuticos, carteles mexicanos y funcionarios públicos. La investigación determinó que los cuerpos fueron mantenidos en un freezer antes de ser descartados en el kilómetro 11 del camino a Navarro. Por este hecho, los hermanos Martín y Cristian Lanatta, junto a Víctor y Marcelo Schillaci, cumplen condena a prisión perpetua.
La causa del triple crimen prescribió en agosto de 2023 para cualquier persona que no haya sido imputada hasta ese momento, lo que impide juzgar a nuevos sospechosos de ser los autores intelectuales. El empresario Ibar Esteban Pérez Corradi, señalado inicialmente como el cerebro detrás de las muertes, recibió falta de mérito en este expediente en 2021.

Por otro lado, la causa de la efedrina acumuló múltiples condenas. Mario Segovia, conocido como el "rey de la efedrina", cumple una pena de más de 14 años de prisión. En esta trama también fue condenado José Ramón Granero, extitular del SEDRONAR, por facilitar el desvío de 47.000 kilogramos de la sustancia entre 2004 y 2008.
Adriana Nechevenko declaró como testigo el 28 de marzo de 2014 en el juicio que investigó a la firma Tyvon Pharma S.A.. En ese proceso, la profesional admitió haber trabajado durante años para Alfredo Abraham y Josué Fuks, quienes fueron condenados por narcotráfico. Fuks permanece prófugo y es considerado un hombre clave en la estructura que enviaba droga a México.

La escribana certificó las firmas en los expedientes de la SEDRONAR para autorizar importaciones masivas de efedrina bajo la fachada de laboratorios industriales. También intervino en la constitución de sociedades "de la noche a la mañana" y en la certificación de firmas de testaferros como Guillermo Ascona, un vendedor ambulante que figuraba importando 1.900 kilos de la sustancia. En aquel momento, la Justicia no le imputó delitos y su participación fue técnica.
La lupa judicial se posó sobre la compra de un departamento de 200 metros cuadrados en la calle Miró al 500, realizada en noviembre de 2025. La propiedad se registró por 230.000 dólares, una cifra que los investigadores consideran una "subfacturación", ya que las tasaciones en esa zona de Caballito sugieren un valor cercano al medio millón de dólares.

Para financiar la compra, Adorni utilizó un préstamo hipotecario no bancario de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. La situación se agravó cuando una de las mujeres declaró a la prensa no conocer al funcionario. El fiscal busca determinar si esta operatoria fue una maniobra para "blanquear" dinero no declarado.
Un año antes de la compra en Caballito, en noviembre de 2024, el funcionario adquirió una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La propiedad fue escriturada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, y también contó con la intervención de la escribana Nechevenko.

Ninguna de estas dos propiedades figura en la última declaración jurada presentada por el jefe de Gabinete ante la Oficina Anticorrupción. Al ser consultado por la prensa, el funcionario alegó: "lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida", refiriéndose al ejercicio 2025. La Justicia solicitó los anexos reservados para verificar si el inmueble del country fue omitido.
La investigación patrimonial se disparó tras un viaje de la familia del funcionario a Punta del Este durante el último fin de semana de Carnaval. El traslado se realizó en un jet privado gestionado por el conductor Marcelo Grandio, amigo de Adorni. Aunque el funcionario afirmó haber pagado el vuelo de su bolsillo, los responsables de la empresa aérea declararon que el pago fue realizado por la productora Imhouse.

El juez Ariel Lijo investiga si existieron irregularidades en los controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria el día del vuelo. El costo estimado del viaje ronda los 9.000 dólares, una cifra que el funcionario debería poder justificar con sus ingresos declarados.
El desgaste de la figura del ex vocero comenzó el 8 de marzo de 2026, cuando trascendió que su esposa participó de la comitiva oficial que viajó a Nueva York para la "Argentina Week". La presencia de familiares en viajes de gestión generó cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado.

Este episodio motivó las primeras denuncias de la oposición y de la diputada Marcela Pagano, quienes pidieron investigar posibles discrepancias patrimoniales y el estilo de vida del funcionario desde que asumió el cargo. Tras la reunión de este miércoles en la quinta de Olivos, el presidente Javier Milei decidió sostenerlo, aunque en el Gobierno evalúan que el escándalo "aún no dio resultados" para ser clausurado.
TM