Hasta $475 millones del Banco Nación a asesores de Caputo: qué exige Diputados

La cúpula del Banco de la Nación Argentina (BNA) quedó en el centro de una controversia institucional. El diputado nacional Esteban Paulón presentó este miércoles 1 de abril de 2026 un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo explique el otorgamiento de créditos hipotecarios millonarios a funcionarios y asesores directos del Ministerio de Economía.

La denuncia sostiene que el banco público habría habilitado una "ventanilla de privilegios" para los propios funcionarios que diseñan la política económica del país. Entre los beneficiarios figuran alfiles del ministro Luis Caputo, legisladores del bloque La Libertad Avanza y el número dos de la SIDE.

El proyecto de resolución exige al directorio del Banco Nación remitir el listado detallado de funcionarios de jerarquía con deudas vigentes, especificando montos, tasas de interés, plazos de gracia y si existieron dictámenes técnicos desfavorables antes de su aprobación.

¿Qué es el Banco Nación y por qué esta noticia afecta a todos los argentinos?

El Banco de la Nación Argentina es la principal entidad financiera del Estado. Al ser una entidad pública, su capital pertenece a todos los ciudadanos y sus ganancias deberían reinvertirse en el desarrollo del país. Su Carta Orgánica establece que debe fomentar la producción nacional y no financiar consumos o inversiones personales de la planta política de turno.

Cuando un banco público presta dinero a tasas preferenciales a funcionarios del propio gobierno, se genera un presunto conflicto de intereses. Esto ocurre porque esos mismos funcionarios tienen capacidad de decisión sobre la entidad o poseen información privilegiada sobre variables económicas, como las tasas de interés, que el resto de los ciudadanos desconoce.

Los asesores de Luis Caputo con créditos récord

Las investigaciones periodísticas de La Política Online revelaron que los montos más elevados se concentran en el equipo directo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía:

• Felipe Núñez: director del BICE y asesor de Caputo. Obtuvo un crédito de $475 millones en febrero de 2025.
• Federico Furiase: secretario de Finanzas. Accedió a un préstamo de $367 millones del BNA y otros $100 millones del Banco Ciudad.
• Juan Pablo Carreira (conocido como Juan Doe): funcionario de Presidencia. Recibió $112 millones en diciembre de 2025.

Recientemente, Furiase relativizó la situación económica en televisión afirmando: "No creo que la gente esté peor; a mucha gente le está yendo mucho mejor en muy poco tiempo".

El enigma de la SIDE: ¿cómo obtuvo un crédito de $400 millones con "sueldo secreto"?

Uno de los casos que más sospechas genera es el de José Francisco Lago Rodríguez, subsecretario administrativo de Inteligencia y número dos de la SIDE. Según registros oficiales, el funcionario pasó de una deuda de $552.000 en agosto de 2025 a un pasivo de $399.942.000 en septiembre del mismo año.

La controversia radica en la transparencia técnica: los bancos exigen demostrar ingresos estables para calcular cuánto puede pagar el cliente. Al ser un funcionario de inteligencia con salario bajo reserva, se cuestiona qué parámetros de evaluación utilizó el Banco Nación para otorgarle casi $400 millones.

El salto de Alejandro Bongiovanni y los diputados libertarios

La banca pública también financió a legisladores oficialistas y aliados tras su alineamiento con el gobierno de Javier Milei:

• Alejandro Bongiovanni: accedió a $255 millones en enero de 2026, un mes después de abandonar el PRO para sumarse al bloque de La Libertad Avanza.
• Santiago Santurio: diputado nacional. Registra un crédito de $340 millones.
• Mariano Campero: diputado nacional (aliado). Obtuvo $322 millones en mayo de 2025, mientras se discutía la integración de la Comisión Libra.
• Lorena Villaverde: diputada nacional. Recibió $225 millones tras una supuesta presión directa del entonces presidente del banco, Daniel Tillard, luego de que el préstamo fuera rechazado inicialmente.

¿Qué exige saber el Congreso a través del pedido de informes de Esteban Paulón?

El proyecto de resolución insta al Poder Ejecutivo a brindar explicaciones detalladas sobre nueve puntos clave de la gestión del BNA:

• Rendición de cuentas: ué mecanismos se usan para evaluar a los directores designados por decreto.
• Controles de la SIGEN: si la Sindicatura General realizó auditorías ex-post sobre estos préstamos.
• Observaciones del BCRA: si el Banco Central sancionó al BNA por exceder límites de asistencia a "personas vinculadas" (funcionarios).
• Resoluciones excepcionales: si el Directorio aprobó créditos que tenían informes técnicos de riesgo en contra.
• Listado de funcionarios deudores: una nómina de secretarios y directores nacionales con deudas en la entidad.
• Condiciones del préstamo: detalle de montos, tasas, garantías y estado de cumplimiento (si están al día o en mora).
• Auditorías vigentes: si existen sumarios administrativos por malversación de caudales públicos.
• Criterios de remoción: bajo qué condiciones se desplazaría a los directores involucrados en irregularidades.

¿Por qué se habla de una violación a la Ley de Ética Pública?

La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública obliga a los funcionarios a actuar con integridad e imparcialidad, evitando usar información privilegiada para beneficio personal. El pedido de informes busca determinar si el acceso a estos créditos millonarios estuvo influido por la posición jerárquica de los beneficiarios, rompiendo el principio de igualdad ante la ley.

TM