El cambio clave en las escuelas tras un nuevo fallo por la reforma laboral

El esquema que garantizaba el funcionamiento de los colegios durante las medidas de fuerza sufrió una modificación drástica este miércoles. La Justicia Nacional del Trabajo resolvió suspender el artículo de la reforma impulsada por Javier Milei que declaraba a la educación como un "servicio esencial". Esta medida, de carácter provisorio, desactiva la obligación de que el 75% del personal docente y no docente asista a las aulas cuando el gremio declara un paro.

La resolución judicial responde a una medida cautelar presentada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), el sindicato que encabeza Sergio Romero. Según el gremio, el amparo busca proteger el derecho constitucional de huelga frente a las nuevas restricciones de la Ley 27.802. Ante el impacto de la noticia, el Ministerio de Capital Humano adelantó que apelará el fallo para intentar restituir la vigencia de la norma original.

Con esta decisión judicial, las escuelas ya no están obligadas por ley a garantizar la cobertura del 75% del servicio durante las huelgas, lo que permite que los paros docentes vuelvan a tener un alcance total del 100% de inactividad.

¿Qué significaba la "esencialidad" educativa para los padres y docentes?

En la reforma laboral aprobada recientemente, el Gobierno nacional incluyó a la educación dentro de un listado de servicios esenciales, similar a la salud o las fuerzas de seguridad. Esto implicaba que, aunque un sindicato llamara a un paro masivo, la escuela debía permanecer abierta y operativa con la mayoría de sus empleados en sus puestos de trabajo.

El objetivo de esta regla era evitar que los alumnos perdieran días de clase por conflictos salariales. Sin embargo, los gremios sostuvieron que esta medida anulaba la capacidad de protesta de los trabajadores, ya que un paro con el 75% de la gente trabajando perdía su efectividad como herramienta de presión.

¿Qué resolvió exactamente el juez en este nuevo fallo?

El titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, hizo lugar al reclamo de la UDA e integró la causa dentro de un proceso colectivo más amplio liderado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El magistrado decidió que, mientras se discute si la ley es constitucional o no, esos artículos específicos deben quedar en suspenso para evitar daños irreparables a los derechos de los trabajadores.

Este trámite judicial continuará ahora en el juzgado de Raúl Horacio Ojeda, quien ya había suspendido otros 82 artículos de la misma ley esta semana. La Justicia consideró que existen indicios de que la reforma vulnera principios históricos del derecho laboral, como la protección contra el despido y la libertad sindical.

¿Por qué la Unión Docentes Argentinos cuestionó la ley?

Desde el sindicato docente señalaron que la prioridad del Estado no debería ser restringir las protestas, sino asegurar las condiciones para que el proceso educativo funcione. Al respecto, Sergio Romero afirmó: “Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”.

La entidad gremial destacó que este fallo es de "importancia institucional" porque frena lo que consideran un avance sobre garantías que están protegidas por la Constitución Nacional. Según el sindicato, la medida judicial permite que continúe vigente el equilibrio en las relaciones entre los empleadores (el Estado y privados) y los trabajadores de la educación.

¿Qué pasará con el resto de la reforma laboral de Milei?

La suspensión de la esencialidad educativa es solo una parte de un freno judicial más extenso. El juez Ojeda fundamentó la suspensión de los 82 artículos alegando que se trata de una "situación extraordinaria" que afecta a millones de contratos de trabajo en todo el país. Entre los puntos que quedaron en pausa se encuentran:

• El cálculo de las indemnizaciones (que ahora excluye el aguinaldo).
• La creación de un fondo de cese laboral similar al de la construcción.
• La eliminación de la presunción de relación laboral para quienes facturan servicios.
• Las limitaciones a las asambleas sindicales y créditos horarios de delegados.

¿Cuál es la respuesta del Gobierno ante este revés judicial?

Desde la cartera que dirige Sandra Pettovello rechazaron la decisión de los magistrados, calificándola como un obstáculo para la modernización del mercado de trabajo. El Ministerio de Capital Humano sostuvo que existen "intereses corporativos" que pretenden bloquear reformas necesarias para superar el estancamiento económico y el desempleo.

El Gobierno recurrirá a la Cámara de Apelaciones y, de ser necesario, a la Corte Suprema para validar la ley votada por el Congreso de la Nación. Mientras tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA) también manifestó su preocupación, advirtiendo que la incertidumbre sobre qué reglas están vigentes debilita el clima de negocios y la inversión productiva.

TM