03/04/2026 - Edición Nº1151

Política

Congreso

Empleo público y familia: el plan "anticasta" de LLA en medio del caso Adorni

03/04/2026 | El bloque oficialista quiere que se transforme en ley un decreto de Javier Milei. Aborda los cargos "hereditarios" en caso de muerte de un familiar.



Un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley que busca prohibir de manera explícita la designación de familiares en cargos públicos como consecuencia del fallecimiento de un agente estatal.

La iniciativa apunta a erradicar lo que define como una práctica “obsoleta” y consolidar el principio de idoneidad como único criterio de acceso al empleo público.

Así, plantea modificar la Ley 25.164 de Empleo Público Nacional mediante la incorporación de un nuevo inciso que impida este tipo de designaciones.

Qué establece el proyecto de ley

El texto propone incorporar el inciso j) al artículo 5° de la Ley 25.164, que enumera los impedimentos para ingresar a la administración pública. Allí se establece que no podrá acceder a un cargo estatal “el familiar que por vínculo hereditario se ampare en algún privilegio, ventaja o beneficio para ser designado, cualquiera sea la modalidad de contratación, para ocupar el cargo de un familiar fallecido”.

La iniciativa abarca a todo el Sector Público Nacional, incluyendo organismos descentralizados, empresas del Estado y entidades financieras públicas, en línea con lo dispuesto por la Ley 24.156.

De esta manera, el proyecto busca cerrar cualquier posibilidad normativa que permita la continuidad automática de cargos por razones familiares, una práctica que, según sus autores, contradice los principios constitucionales.

Fundamentos: igualdad ante la ley e idoneidad

En los fundamentos, los impulsores del proyecto sostienen que el objetivo es “dejar sentado en normativa nacional una prohibición expresa a la herencia de cargos en el Sector Público Nacional”.

Argumentan que se trata de una práctica “antigua” que no tiene lugar en una sociedad moderna y que vulnera el principio de igualdad de oportunidades. En ese sentido, remarcan que “la idoneidad debe ser el requisito exclusivo y excluyente como condición para acceder a la administración pública”.

El texto también hace referencia directa al artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que no se admiten prerrogativas de sangre ni de nacimiento para acceder a empleos públicos.

Críticas a gestiones anteriores y casos recientes

El proyecto incluye cuestionamientos a políticas implementadas en años recientes. Según los autores, durante la gestión del expresidente Alberto Fernández se habrían sostenido o reinstaurado mecanismos que habilitaron este tipo de designaciones en organismos relevantes del Estado.

Entre los ejemplos mencionados figuran la ex AFIP, la Dirección General de Aduanas, la ANSES, el Banco Central y el Banco Nación, donde —según el documento— se habrían registrado situaciones vinculadas a privilegios hereditarios en el acceso a cargos.

Para los legisladores, este tipo de prácticas “responde a criterios arbitrarios dentro de una sociedad democrática que busca la igualdad de oportunidades”.

Antecedentes legales y normativos

El proyecto no surge en el vacío, sino que se apoya en antecedentes jurídicos y administrativos. En los fundamentos se citan dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación que ya habían cuestionado la constitucionalidad de la herencia de cargos.

También se menciona el Decreto 732/2018 y otras disposiciones que apuntaron a limitar este tipo de designaciones, así como la Ley 24.185, que excluye el principio de idoneidad de las materias negociables en convenios colectivos.

Además, se destaca el Decreto 959/2024, impulsado por la actual gestión de Javier Milei, que ya había instruido a los organismos del Estado a no permitir el ingreso a empleos públicos mediante privilegios hereditarios.

De decreto a ley: el objetivo del oficialismo

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es otorgarle rango legal a medidas que hasta ahora se aplican por vía administrativa. Según los autores, la incorporación del inciso j) busca “darle fuerza y rango de ley” a esas disposiciones.

En ese marco, sostienen que la reforma apunta a consolidar “medidas lógicas y transparentes” orientadas a garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos y a erradicar prácticas consideradas injustas.

La intención del oficialismo es blindar jurídicamente este criterio, evitando que futuras gestiones puedan revertirlo mediante decisiones administrativas o acuerdos sectoriales.