Un grupo de diputados nacionales del bloque kirchnerista presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación para que el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, brinde “en el plazo más breve posible y con carácter urgente” un diagnóstico detallado sobre la situación actual del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en medio de versiones sobre recortes de personal y reducción de capacidades operativas.
La iniciativa lleva las firmas de Gabriela Estévez, Carlos Castagneto, Jorge Taiana, Cristian Andino, Claudia Palladino y María Graciela Parola.
El proyecto de resolución solicita al Ejecutivo un informe detallado sobre distintos aspectos vinculados al funcionamiento del organismo.
Según se plantea en el texto, el objetivo es esclarecer “la situación del Servicio Meteorológico Nacional ante las recientes manifestaciones sobre despidos masivos, reducción de personal y posible desmantelamiento de sus capacidades operativas”.
En ese marco, los legisladores advierten sobre “una profunda preocupación” frente a lo que describen como un proceso de ajuste que podría impactar en funciones consideradas estratégicas.
El proyecto enumera una serie de 13 preguntas concretas que el Gobierno deberá responder:

En los fundamentos del proyecto, los legisladores destacan que el SMN “constituye una de las instituciones científicas más antiguas y estratégicas del país”, recordando que su origen se remonta a 1872, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento.
Según el texto, esta trayectoria refleja “una temprana comprensión del valor de la ciencia en la organización del Estado” y una continuidad en la generación de información clave para la prevención de riesgos y la planificación territorial.
Además, subrayan que el organismo ha desarrollado “una red federal de observación y monitoreo atmosférico” y que alberga “un patrimonio científico único”, lo que refuerza su relevancia técnica y cultural.

Uno de los ejes centrales del pedido de informes es el impacto de un eventual ajuste. En ese sentido, los diputados advierten que existen “informes y comunicaciones internas” que darían cuenta de “un proceso de ajuste que implicaría el despido de más de 200 trabajadores, con proyecciones que podrían alcanzar hasta 500 desvinculaciones”.
De confirmarse esas cifras, señalan que se trataría de “más del 25% de su planta total”, estimada en unos 787 trabajadores.
Asimismo, remarcan que “el SMN ya funciona al límite de sus capacidades, sosteniendo turnos mediante horas extras para evitar la interrupción de servicios esenciales”, por lo que una reducción de personal podría agravar ese escenario.
El proyecto también pone el foco en las posibles consecuencias operativas. Según los fundamentos, “la posible reducción o cierre de estaciones meteorológicas” y la afectación de la red de radares comprometerían “directamente el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana”.
En ese sentido, advierten que este sistema es “esencial para anticipar fenómenos extremos como tormentas severas, inundaciones y olas de calor o frío”, por lo que cualquier debilitamiento podría traducirse en mayores riesgos para la población.
Los legisladores sostienen que el impacto no se limitaría al ámbito científico. La información meteorológica, remarcan, es “fundamental para la seguridad aeronáutica, la navegación marítima y fluvial, así como para la producción agropecuaria y las economías regionales”.
En esa línea, señalan que “la pérdida de datos locales y de calidad incrementa el margen de error en los pronósticos”, lo que podría afectar la toma de decisiones en sectores clave para el desarrollo económico.
Otro de los puntos destacados es el rol del SMN en términos de soberanía territorial. Según el proyecto, el organismo cumple funciones “en regiones estratégicas y en la Antártida”, por lo que su debilitamiento implicaría “una retracción del Estado en áreas sensibles”.
También se advierte sobre la posible pérdida de profesionales especializados. En ese sentido, los diputados sostienen que se trata de “recursos humanos cuya formación ha sido sostenida durante décadas por el Estado” y que constituyen “un capital estratégico”.