03/04/2026 - Edición Nº1151

Política

Alerta y detección

SIDE y una red rusa en Argentina: qué reveló un informe sobre "La Compañía"

03/04/2026 | Una investigación expuso operaciones de desinformación vinculadas a intereses rusos. Según el Gobierno el caso ya había sido identificado en 2025.



El Gobierno nacional volvió a poner en agenda un tema sensible: la posible injerencia extranjera en la política local. En 2025, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) había detectado a un grupo de ciudadanos rusos radicados en el país que estarían desarrollando actividades vinculadas a intereses geopolíticos de Rusia.

Según explicó en su momento, la investigación identificó una estructura denominada “La Compañía”, presuntamente asociada al llamado “Proyecto Lahkta”, que fue vinculado en el pasado al empresario ruso Yevgeniy Prigozhin.

De acuerdo a la versión oficial, el objetivo de esta red sería “conformar un grupo de personas leales a los intereses de Rusia” para llevar adelante campañas de desinformación e influencia sobre la opinión pública argentina.

La investigación internacional que apunta a “La Compañía”

Una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al portal británico openDemocracy, sostiene que una red rusa —denominada “La Compañía”— buscó influir en medios argentinos para desacreditar al gobierno de La Libertad Avanza.

Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la estructura habría destinado unos 283 mil dólares para “inyectar” al menos 250 artículos críticos en más de 20 sitios del país, con foco en la figura presidencial y en la postura argentina frente a la guerra en Ucrania.

El informe también advierte sobre la utilización de firmas inexistentes y contenido fabricado para amplificar los mensajes. En paralelo, el Gobierno informó en 2025 que ya había detectado una presunta red de agentes rusos, mientras que FOPEA relevó distintos mecanismos de desinformación vinculados a este tipo de operaciones en el ecosistema mediático local.

Señalamientos, nombres y metodología

La situación vuelve a la agenda porque el tema tomó visibilidad en los medios en estos días. El informe, difundido por el Ejecutivo menciona como presuntos responsables en el país a Lev Konstantinovich Andriashvili y a su esposa, Irina Iakovenko, ambos ciudadanos rusos residentes en Argentina.

Entre las actividades detectadas, se enumeran la producción y difusión de contenidos en redes sociales, la articulación con organizaciones civiles, la realización de focus groups y la recopilación de información política sensible.

Desde el Gobierno sostienen que este tipo de maniobras representan una amenaza para la seguridad nacional y remarcan que “Argentina no será sometida a la influencia de ninguna otra Nación”.

El mensaje de Santiago Caputo

En medio de la reaparición del tema, el asesor presidencial Santiago Caputo reforzó la postura oficial a través de redes sociales. En un mensaje difundido en X, sostuvo que mientras sectores políticos denunciaban la existencia de “trolls pagos de la SIDE”, el organismo de inteligencia estaba “desmontando y denunciando ante la Justicia Federal” una campaña de desinformación y espionaje atribuida a ciudadanos rusos. Además, apuntó contra quienes “operan todos los días contra la SIDE”, al advertir que esas críticas podrían poner en riesgo la seguridad nacional y la figura presidencial.

Un tema que no es nuevo

Más allá del impacto, la propia administración reconoce que estas operaciones ya habían sido detectadas en 2025. En aquel momento, la SIDE había advertido sobre la existencia de esta red y su posible alcance en el país.

Investigaciones periodísticas recientes también aportaron datos sobre el funcionamiento del entramado. Entre ellos, la detección de cientos de publicaciones —incluyendo noticias falsas y contenidos de opinión— difundidas en distintos sitios web durante 2024, con financiamiento destinado a amplificar esos mensajes.

Contexto político y lectura crítica

La reaparición pública del caso se da en un contexto político marcado por alta polarización y disputas por la agenda. Sectores críticos interpretan el anuncio como un intento del Gobierno de recuperar centralidad en medio de otros temas de fuerte impacto, como las polémicas y sospechas contra Adorni o incluso la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En paralelo, el oficialismo vincula esta denuncia con su política de seguridad y con reformas recientes en las fuerzas federales, como la creación de nuevas áreas de investigación dentro de la Policía Federal.

Entre la seguridad y la disputa narrativa

El caso combina dos dimensiones que suelen superponerse: por un lado, la preocupación global por operaciones de desinformación impulsadas desde el exterior; por otro, la utilización política de estos temas en la disputa interna.

Por ahora, no se difundieron detalles judiciales ni avances concretos en causas vinculadas a esta investigación, lo que deja abierto el interrogante sobre el alcance real de la denuncia y sus posibles derivaciones.

En ese marco, el episodio vuelve a instalar una discusión de fondo: hasta qué punto la influencia extranjera en el ecosistema digital es una amenaza comprobable y cuándo pasa a ser parte de la batalla política local.