El plan PRO para frenar leyes sin sustento: el caso de los alquileres y la IA

Un proyecto presentado por la diputada del PRO, Daiana Fernández Molero, propone modificar el reglamento interno para elevar los estándares de calidad en la elaboración de iniciativas legislativas.

La iniciativa establece la obligación de acompañar determinados proyectos con un anexo técnico que incluya diagnóstico, objetivos e impacto fiscal, además de crear un sistema público de seguimiento del cumplimiento.

La propuesta apunta a introducir mayor transparencia, evidencia y sistematicidad en el proceso legislativo, en respuesta a lo que su autora describe como falencias recurrentes en la formulación de leyes.

Un cambio en el artículo 123 del Reglamento

El eje central del proyecto es la modificación del artículo 123 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Actualmente, esa norma exige que los proyectos estén “fundados por escrito”, pero no establece criterios mínimos sobre el contenido de esa fundamentación.

La iniciativa propone que todo proyecto que implique creación de programas, organismos, cambios regulatorios o modificaciones tributarias deba incorporar un anexo obligatorio con información detallada. Este incluirá tres componentes principales:

• Diagnóstico del problema
• Objetivos de la propuesta
• Impacto fiscal

Según el texto, esta exigencia busca dotar de mayor solidez técnica a las iniciativas y mejorar la calidad del debate parlamentario.

Diagnóstico: “Proliferación de normativa sin evidencia”

En los fundamentos del proyecto se identifica como problema central la falta de rigor en la elaboración de leyes. En ese sentido, se advierte que existe una “carencia de rigor analítico en la redacción de proyectos de ley y resolución”.

Los autores sostienen que actualmente “muchos proyectos son presentados sin antecedentes, sin análisis del problema que buscan resolver, sin diagnóstico empírico y sin una justificación razonada”.

Esta situación, según argumentan, puede derivar en normas ineficaces o incluso contraproducentes: “Esto puede resultar en leyes que no abordan eficazmente los problemas que pretenden solucionar y que, en algunos casos, los agravan”.

Qué deberá incluir el anexo obligatorio

El proyecto detalla con precisión los contenidos mínimos que deberán incorporarse en el anexo técnico:

1. Diagnóstico del problema: se exige una identificación clara del problema, con datos que respalden su existencia y descripción de sus efectos. También se deberán enumerar las causas y detallar medidas previas vinculadas al mismo tema.
2. Objetivos y alcance: los proyectos deberán especificar el objetivo perseguido y las medidas propuestas, así como su relación con los resultados esperados. Además, deberán advertir posibles efectos secundarios, tanto positivos como negativos.
3. Impacto fiscal: en los casos en que haya impacto presupuestario, será obligatorio detallar costos estimados, fuente de financiamiento y universo de beneficiarios.

Transparencia y control ciudadano

Otro aspecto relevante es la creación de un registro público de cumplimiento. La Secretaría Parlamentaria deberá publicar y mantener actualizado un sistema accesible donde se indique si cada proyecto alcanzado por la norma cumple con la presentación del anexo requerido.

Según los fundamentos, este mecanismo permitirá que “la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y otros poderes del Estado” puedan verificar el cumplimiento de los estándares.

La información deberá estar disponible desde el momento mismo de la presentación del proyecto.

Ejemplos negativos y problemas actuales

El proyecto subraya que la falta de análisis técnico no es un fenómeno aislado, sino una práctica frecuente. En ese sentido, se menciona como ejemplo negativo la existencia de iniciativas sin sustento empírico o sin evaluación de impacto.

En relación con la ley de alquileres, el texto la presenta como un ejemplo de política pública que, según la legisladora del PRO, no logró los resultados esperados debido a la falta de un diagnóstico adecuado y de evaluación de impacto.

En los fundamentos se señala que este tipo de iniciativas pueden generar “efectos contrarios a los buscados cuando no se contemplan adecuadamente las dinámicas del mercado y los incentivos de los actores involucrados”. En esa línea, el caso de la ley de alquileres es utilizado para mostrar cómo una regulación orientada a proteger a los inquilinos puede terminar reduciendo la oferta de viviendas o encareciendo los precios.

La referencia apunta a que, sin estudios previos sólidos, una ley puede alterar el funcionamiento de un sector complejo como el inmobiliario, generando distorsiones. Por eso, el proyecto insiste en la necesidad de incluir análisis empíricos, antecedentes y evaluación de alternativas antes de legislar.

El segundo caso que se menciona es el de la inteligencia artificial, un campo emergente donde el proyecto advierte sobre los riesgos de legislar sin conocimiento suficiente.

En los fundamentos se plantea que en áreas de alta complejidad tecnológica “resulta imprescindible contar con evidencia, análisis técnico y comprensión profunda del fenómeno antes de establecer regulaciones”. La inteligencia artificial aparece como un caso paradigmático donde una regulación apresurada o mal diseñada podría obstaculizar la innovación o resultar inaplicable.

El texto sugiere que, sin un diagnóstico adecuado, las normas pueden quedar rápidamente obsoletas o generar efectos indeseados en sectores dinámicos. Por eso, propone que los proyectos vinculados a estas temáticas incluyan antecedentes internacionales, análisis comparado y evaluación de impactos potenciales.