"Operación berreta"
03/04/2026 - Edición Nº1151
Política
Inteligencia y desinformación
Bullrich llevó el caso a la SIDE: cómo avanza la pista rusa contra Milei
03/04/2026 | Documentos filtrados, nombres propios y millones en juego: cómo se construyó la denuncia sobre una estructura que habría financiado campañas contra el Gobierno.
Patricia Bullrich inició la denuncia contra noticias financiadas por Rusia (imagen IA)
“Lo denuncié. Se rieron. Ahora está a la vista”. La frase de Patricia Bullrich no fue un comentario más en redes. Funcionó como un disparador político que volvió a poner en escena una historia que el Gobierno venía construyendo en silencio desde hace meses: la presunta existencia de una red de origen ruso dedicada a influir en la opinión pública argentina contra la administración de Javier Milei.
Lo que en su momento apareció como una denuncia sin demasiado respaldo, hoy se reconfigura con nuevos elementos: documentos filtrados, nombres propios, montos de dinero y la intervención directa de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Dinero, medios y una red de influencia
Según reconstruyó el propio Gobierno, el punto de partida se remonta a 2024, cuando comenzaron a detectarse patrones de publicaciones repetidas, firmas inexistentes y contenidos críticos que se replicaban en distintos portales digitales. La hipótesis que se fue consolidando hablaba de algo más que simple militancia digital: una estructura organizada, con financiamiento y objetivos políticos.
Esa estructura fue bautizada como “La Compañía”. Y el nombre no es menor. De acuerdo a la información oficial, estaría vinculada al llamado “Proyecto Lakhta”, una operación internacional asociada en el pasado al empresario ruso Yevgeny Prigozhin.
El dato que le dio volumen al caso llegó después. Una investigación internacional basada en 76 documentos filtrados —analizados por medios como openDemocracy— sostiene que entre junio y octubre de 2024 esa red habría destinado unos 283 mil dólares para insertar al menos 250 artículos críticos en más de 20 sitios argentinos.
ALGO DE “CONOCIENDO RUSIA”
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 3, 2026
Una serie de investigaciones periodísticas confirman lo que denuncié hace 6 meses: una red rusa operando para meter noticias falsas en medios y redes sociales contra el Gobierno de @JMilei.
Lo denuncié. Se rieron. Ahora está a la vista.
Debe haber… https://t.co/Q1T7NvFokW pic.twitter.com/9YmxsgOCGw
Los nombres y la operatoria: cómo funcionaba
No se trataba solo de opinión. Según esos documentos, el esquema incluía la creación de identidades falsas, la producción de contenido fabricado y su distribución coordinada en portales y redes sociales, con un objetivo claro: erosionar la imagen del Gobierno libertario.
En ese entramado aparecen nombres concretos. Lev Konstantinovich Andriashvili e Irina Iakovenko, ciudadanos rusos radicados en Argentina, fueron señalados por el Ejecutivo como presuntos articuladores locales de estas operaciones. A ellos se les atribuye la organización de focus groups, la recopilación de información política sensible y la articulación con distintos espacios para amplificar contenidos.
El caso tomó dimensión política cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la SIDE había detectado estas maniobras.
La reacción del Gobierno y la disputa por el relato
La narrativa oficial encontró un refuerzo clave en los últimos días. El asesor presidencial Santiago Caputo aseguró que mientras sectores políticos denunciaban la existencia de “trolls” oficiales, el organismo de inteligencia avanzaba en paralelo en la identificación y denuncia de una red de espionaje y desinformación atribuida a ciudadanos rusos.
En ese contexto, el mensaje de Bullrich funciona como cierre de una secuencia: la denuncia inicial, la investigación en curso y ahora la validación política de que el tema, al menos para el oficialismo, ya no es una sospecha sino una certeza.
La posición de la SIDE
En ese marco, el Gobierno avanzó un paso más y difundió un comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia del Estado que aporta mayor precisión sobre el caso.
Según el organismo, la investigación ya había sido desarrollada durante 2025 y puesta en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre de ese año. Allí se detalla la identificación de una organización denominada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos radicados en el país, con contactos locales y financiamiento externo.
De acuerdo al documento, la estructura tenía como objetivo “difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros”, en una operatoria que —según la SIDE— presentaría antecedentes vinculados a maniobras de injerencia internacional.
El comunicado también advierte sobre un cambio de escenario: “En un mundo cada vez más inestable y complejo, la Argentina enfrenta amenazas de nuevo tipo”, y señala que el país se convierte en un objetivo de interés para potencias extranjeras por su posición geopolítica y sus recursos estratégicos.
— Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) April 3, 2026
Entre la evidencia y la política
Pero el caso también abre interrogantes. Más allá de los documentos filtrados y las reconstrucciones periodísticas, hasta el momento no se difundieron avances judiciales concretos que permitan dimensionar el alcance real de la operación ni establecer responsabilidades penales.
Eso deja al caso en una zona gris donde conviven dos planos. Por un lado, la evidencia global de que las campañas de desinformación forman parte de la disputa geopolítica contemporánea. Por otro, la utilización de esa hipótesis dentro de la dinámica política interna.
