El dirigente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, lanzó una de las críticas más duras contra el gobierno provincial de Osvaldo Jaldo al afirmar que “Tucumán está fundida por la política”. Su planteo no se limitó a una consigna: tomó como eje el Presupuesto 2026 para denunciar un modelo de gestión basado en el gasto corriente y la falta de inversión.
Según expuso, más del 90% del gasto provincial es corriente y entre el 55% y el 60% se destina al pago de salarios, lo que —en su visión— configura “un Estado diseñado para sostenerse a sí mismo, no para generar desarrollo”. La crítica apunta directamente al corazón del esquema peronista que gobierna la provincia desde hace décadas.
Catalán también puso el foco en partidas que considera opacas, como los $58.293 millones destinados a comunas rurales sin detalle de asignación, y en estructuras que describió como “cajas políticas” sostenidas con recursos públicos.
El planteo del referente libertario encuentra eco en análisis técnicos recientes. Informes sobre el presupuesto tucumano advierten que la provincia volvió a niveles de gasto similares a 2023, con una fuerte concentración en erogaciones corrientes y salarios, mientras la inversión en infraestructura se mantiene baja.
A eso se suma otro dato clave: la subejecución. En áreas sensibles como agua, saneamiento e infraestructura vial, la ejecución presupuestaria ronda apenas el 50% de lo previsto, lo que refuerza la crítica sobre la falta de transformación estructural.
En ese contexto, la discusión deja de ser solo ideológica y pasa a ser operativa: cuánto se gasta, en qué se gasta y con qué impacto real en la vida cotidiana.
TUCUMÁN ESTÁ FUNDIDA POR LA POLÍTICA.
— Lisandro Catalán (@catalanlisandro) April 3, 2026
El problema de Tucumán no es la falta de recursos. Es el festival de gasto político que sostuvieron durante 40 años.
El Presupuesto 2026 lo confirma sin vueltas:
más del 90% del gasto es corriente y entre el 55% y 60% se va en sueldos. Un… https://t.co/Iq7rLneos4
Uno de los ejes más fuertes de la denuncia de Catalán es la supuesta dependencia de Tucumán respecto de la Nación. “Esto no es federalismo, es dependencia”, sostuvo, al señalar que la provincia necesita asistencia para cubrir gastos corrientes.
Los datos del propio gobierno provincial confirman un escenario complejo. La caída de la actividad económica impactó en la recaudación y generó pérdidas estimadas en miles de millones mensuales, lo que obligó a Tucumán a negociar adelantos de coparticipación que podrían superar los $100.000 millones.
Además, en 2025 la provincia recibió transferencias extraordinarias, como un ATN de $20.000 millones, en el marco de la emergencia hídrica. Esa asistencia refuerza el argumento opositor de que el modelo actual no logra sostenerse sin ayuda externa.

La crisis fiscal se cruzó con un evento que amplificó la disputa política: las inundaciones que afectaron a Tucumán en marzo, con lluvias intensas, localidades anegadas y daños en infraestructura.
En ese contexto, Catalán intervino públicamente para reclamar mayor eficiencia en la distribución de ayuda y agradecer la asistencia enviada por Nación. La respuesta de Jaldo fue inmediata: acusó al dirigente libertario de politizar la tragedia.
El episodio dejó al descubierto una discusión de fondo: qué se hizo con los recursos destinados a obras hídricas y por qué la provincia sigue expuesta a eventos de esta magnitud. La reactivación del Plan Hídrico en la Legislatura volvió a poner el tema en agenda.
El conflicto también se inscribe en una relación ambigua entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el presidente Javier Milei. El mandatario tucumano mantuvo una postura pragmática, combinando reclamos por recursos con gestos de acompañamiento político al Gobierno nacional.
Esa estrategia le permitió sostener financiamiento en un contexto adverso, pero al mismo tiempo abrió flancos internos y externos. Mientras sectores del peronismo cuestionan su cercanía con la Casa Rosada, la oposición libertaria lo acusa de depender de la Nación sin modificar el esquema de fondo.
Catalán construye su discurso precisamente sobre esa contradicción: un gobierno que reclama autonomía, pero necesita asistencia para sostenerse.

La ofensiva del dirigente libertario no es casual. Tucumán es una provincia históricamente dominada por el peronismo, que en 2023 obtuvo más del 58% de los votos y consolidó su control institucional.
Sin embargo, las legislativas de 2025 mostraron un cambio de escenario. La Libertad Avanza alcanzó más del 35% de los votos y se posicionó como segunda fuerza, disputando el electorado opositor y captando parte del malestar social.
Ese resultado convirtió a Catalán en una figura clave dentro del armado libertario en el norte del país y le dio volumen político para confrontar directamente con el oficialismo provincial.
Más que una crítica coyuntural, la denuncia de Catalán busca instalar una narrativa de largo plazo: la de un modelo agotado frente a una alternativa emergente.
El mensaje es claro: el problema de Tucumán no es la falta de recursos, sino el uso que se hace de ellos. Y en esa línea, el dirigente libertario plantea reformas estructurales como la boleta única, la reducción del gasto político y mayor transparencia en la administración pública.
La discusión, en definitiva, ya no es solo económica. Es política. Y anticipa una pelea que, aunque todavía incipiente, empieza a tomar forma con la mirada puesta en 2027.