La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue posibles irregularidades en el otorgamiento de créditos del Banco de la Nación Argentina a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo.
Según la presentación, en los últimos días trascendió que distintos dirigentes habrían accedido a préstamos que van desde los 100 hasta más de 500 millones de pesos. Entre ellos figuran funcionarios como Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase y Emiliano Mongilardi, además de diputados como Mariano Campero, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni.
En su denuncia, Frade solicitó que se analicen los legajos crediticios completos de los involucrados y las actas de directorio mediante las cuales se aprobaron los préstamos.
También requirió la intervención de peritos contables para determinar si existió perjuicio económico para la entidad y si las condiciones otorgadas —tasas, plazos o requisitos— se ajustaron a los criterios habituales del banco.
Además, pidió establecer si hubo violaciones a la Carta Orgánica o a los procedimientos internos, así como posibles vínculos entre quienes aprobaron los créditos y los beneficiarios.
De acuerdo a la información incorporada en la denuncia, algunos de los créditos alcanzan cifras significativas: se mencionan préstamos por más de 500 millones de pesos para funcionarios del área económica y montos superiores a los 300 millones en el caso de legisladores.
El eje de la investigación pasa por determinar si estos financiamientos se otorgaron en condiciones preferenciales o dentro de líneas disponibles para el público en general.
Los diputados Mariano Campero y Alejandro Bongiovanni rechazaron las acusaciones y negaron haber recibido beneficios especiales.
Campero calificó la denuncia como “maliciosa” y sostuvo que accedió a un crédito hipotecario en UVAs abierto a cualquier ciudadano que cumpliera los requisitos. Según explicó, utilizó el préstamo para adquirir su primera vivienda familiar y remarcó que toda la documentación es pública.
En la misma línea, Bongiovanni afirmó que las condiciones del crédito fueron las mismas que regían para otros clientes en ese momento y negó haber obtenido ventajas en tasas o plazos.

El planteo judicial abre un nuevo foco de tensión sobre el sistema de financiamiento público y el acceso al crédito por parte de funcionarios.
Mientras la Coalición Cívica apunta a posibles conflictos de interés y falta de transparencia, desde el oficialismo sostienen que se trata de operaciones regulares dentro de líneas vigentes.
La investigación recién comienza y deberá determinar si hubo irregularidades o si los préstamos se ajustaron a las condiciones habituales del mercado.