Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires propone la creación de un programa integral para la prevención, reconocimiento y actuación ante la anafilaxia, una reacción alérgica grave que puede provocar la muerte en cuestión de minutos.
La iniciativa, denominada “Ley André”, toma como punto de partida un caso real ocurrido en Pergamino y busca establecer protocolos obligatorios, capacitación y acceso a medicación en distintos ámbitos.
En los fundamentos del proyecto se detalla el episodio que motivó la propuesta: el caso de André, un niño de seis años de Pergamino que en diciembre de 2025 sufrió una reacción anafiláctica severa que lo dejó “al borde del paro”.
Según se describe, el menor requirió la administración urgente de adrenalina -“único medicamento que puede revertir una reacción alérgica grave y salvar vidas”- y permaneció internado en estado crítico antes de ser derivado a un centro especializado donde se confirmó el diagnóstico.
El texto, que es de la diputada del PRO María Paula Bustos, subraya que este hecho “evidenció la importancia del reconocimiento temprano y la actuación inmediata” frente a este tipo de emergencias médicas, que tienen una evolución rápida y potencialmente mortal.
El proyecto establece la creación de un Programa de Prevención, Reconocimiento y Actuación ante la Anafilaxia en toda la provincia de Buenos Aires. Su objetivo central es “reducir la morbimortalidad asociada a reacciones alérgicas graves mediante información, capacitación y creación de protocolos”.
Entre sus principales ejes, la iniciativa contempla:
Además, se define formalmente la anafilaxia como “una reacción alérgica severa e inesperada de comienzo rápido y que puede causar la muerte”.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la extensión del programa a múltiples espacios donde circulan niños, adolescentes y población general.
La ley establece su carácter obligatorio en:
En el caso de las escuelas, se fija la obligación de capacitar a todo el personal -docente, directivo y no docente- en el reconocimiento clínico de la anafilaxia, el uso de dispositivos de adrenalina y la activación de protocolos de emergencia.
El texto también dispone que la autoridad de aplicación deberá diseñar un Protocolo Provincial de Actuación ante la anafilaxia, de cumplimiento obligatorio.
Este protocolo deberá incluir, como mínimo:
Medidas de acompañamiento hasta la llegada de asistencia profesional
El proyecto remarca que la anafilaxia es una “emergencia médica tiempo-dependiente”, donde la rapidez en la respuesta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
En sus fundamentos, la iniciativa advierte que actualmente “la ausencia de un programa integral en la Provincia de Buenos Aires genera respuestas dispares y, en muchos casos, tardías”.
A partir de una encuesta comunitaria con casi 800 respuestas, se presentan datos que reflejan la magnitud del problema:
Estos datos, según el proyecto, evidencian una “falta generalizada de protocolos, capacitación y disponibilidad de medicación en instituciones”.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la inclusión del testimonio de la madre de André, quien también es profesional de la salud.
En su carta, sostiene: “Muchas personas no saben reconocer una anafilaxia ni cómo actuar frente a una emergencia de este tipo”, y advierte que numerosos espacios cotidianos “no cuentan con protocolos claros ni con la preparación necesaria”.
Además, remarca que “la anafilaxia es una emergencia médica tiempo-dependiente: reconocerla a tiempo y actuar rápidamente puede salvar vidas”.
El relevamiento incluido en el anexo muestra un amplio consenso social: más del 90% de los encuestados considera necesario que el Estado garantice capacitación, protocolos y acceso a medicación, y el 95,3% apoya la sanción de una ley específica.
El proyecto menciona como antecedente la experiencia de la provincia de Entre Ríos, que ya cuenta con una normativa similar (Ley N° 11.242), donde se implementaron protocolos obligatorios y campañas de concientización.
En ese marco, se sostiene que Buenos Aires, por su densidad poblacional y la alta circulación en espacios educativos y recreativos, “requiere una política pública específica que garantice igualdad de protección en todo su territorio”.