La situación judicial de Manuel Adorni se complejizó tras la aparición de registros sobre un viaje familiar a la isla de Aruba realizado a fines de 2024. El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga esta travesía, que no figura en los registros de Migraciones con ese destino directo, sino mediante una triangulación de vuelos con escalas en Perú y Ecuador.
El hallazgo se produce en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos. En este tipo de delitos, la ley argentina establece una "inversión de la carga de la prueba": es el funcionario público quien debe demostrar que su patrimonio y gastos están respaldados por ingresos legítimos.
El centro del conflicto legal es una declaración pública de Adorni sobre sus vacaciones, la cual ahora choca con los registros migratorios de un viaje de 12.000 dólares al Caribe que el funcionario no había mencionado anteriormente.
El jefe de Gabinete enfrenta una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito debido a una serie de gastos y adquisiciones que la Justicia considera desproporcionadas para un sueldo de 3 millones de pesos mensuales. El expediente analiza la compra de un departamento en Caballito, una casa en un country y el financiamiento de diversos vuelos al exterior.

La denuncia sostiene que el nivel de vida del funcionario en los últimos dos años no coincide con sus ingresos declarados. El proceso se encuentra en una etapa de recolección de evidencia documental, donde se analizan declaraciones juradas de la Oficina Anticorrupción y movimientos bancarios.
En marzo, tras conocerse un vuelo privado a Punta del Este, Adorni afirmó en una entrevista televisiva con Luis Majul en LN+: “No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes”. Esta declaración se convirtió en una pieza clave para la fiscalía.
[POLÍTICA] "De nuestros ingresos familiares y lo vas a poder cotejar en la declaración jurada": Majul le preguntó a Adorni de dónde sacó "3.800 dólares" para pagar un vuelo a Punta del Este si es "desproporcionado" para su "patrimonio".
— ElCanciller.com (@elcancillercom) March 16, 2026
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Al detectarse el viaje previo a Aruba entre diciembre de 2024 y enero de 2025, la frase del funcionario queda bajo sospecha de falsedad. Bajo el régimen de enriquecimiento ilícito, si un funcionario miente u omite gastos significativos, queda obligado judicialmente a justificar el origen de esos fondos para evitar un pedido de declaración indagatoria.
La Justicia rastrea una estadía de diez días en el Caribe que habría comenzado el 29 de diciembre de 2024. Según datos de la causa, el funcionario habría salido del país hacia Lima y regresado desde Ecuador en enero de 2025. En esa fecha, no existían vuelos directos de Aerolíneas Argentinas hacia la isla, lo que habría motivado las escalas.

Existen testimonios de turistas que aseguran haber visto al entonces vocero presidencial junto a su esposa y sus dos hijos el 5 de enero de 2025 en un hotel de ese destino. El costo estimado de este viaje familiar asciende a los 12.000 dólares, una cifra que equivale a cuatro meses de sueldo neto del funcionario.
El alojamiento bajo investigación es el Hotel Tamarijn Aruba All Inclusive, un resort de 4.5 estrellas ubicado frente al mar. El complejo ofrece habitaciones con vista al océano, acceso a cinco estanques de agua dulce y múltiples restaurantes de lujo.

Según las tarifas analizadas en el expediente, una estadía en este establecimiento tiene un costo aproximado de mil dólares por noche para una familia. El hotel cuenta con servicios premium como escalada en muro sobre la playa, bicicletas eléctricas y centros de actividades de última generación, instalaciones que forman parte del patrimonio de vida que el fiscal busca contrastar con los ingresos oficiales.
El fiscal Gerardo Pollicita activó una batería de 12 medidas de prueba iniciales delegadas por el juez Ariel Lijo. Entre ellas se destaca el pedido a la Dirección Nacional de Migraciones de todos los movimientos de salida y entrada al país de Adorni y su entorno desde enero de 2023.

También se solicitaron informes al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para verificar la titularidad de sus bienes. Además, se requirieron planos y valuaciones fiscales de su casa en el country Indio Cua y peritajes contables sobre su evolución patrimonial.
La fiscalía citó como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en las dos operaciones inmobiliarias más cuestionadas de la familia. Nechevenko dio fe en la compra del departamento de Caballito por 230.000 dólares y, un año antes, en la adquisición de la casa de campo a nombre de la esposa del funcionario.

La investigación busca desentrañar la "ingeniería financiera" detrás de estas compras. El departamento de Caballito fue financiado en un 87% mediante un préstamo personal otorgado por las mismas vendedoras —una jubilada de 72 años y una empleada editorial—, una modalidad que la Justicia considera una anomalía que desafía la lógica del mercado inmobiliario actual.
Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, también se encuentra bajo la lupa del fiscal Pollicita. La Justicia pidió el detalle de sus desplazamientos migratorios, especialmente tras conocerse que integró la comitiva oficial en un viaje en el avión presidencial a Nueva York para la “Argentina Week 2026”.

Si bien el Gobierno defendió su presencia alegando un "costo marginal", la Ley de Ética Pública prohíbe el uso de instalaciones estatales para beneficio de allegados. Asimismo, Angeletti es la titular registral de la propiedad en el country que, según la denuncia, no habría sido incluida correctamente en las declaraciones juradas del funcionario.
El bloque del Frente de Izquierda presentó un proyecto de resolución para interpelar a Adorni en la Cámara de Diputados y evaluar una moción de censura para removerlo de su cargo. Los legisladores argumentan que existe un "contraste abismal" entre el nivel de vida del funcionario y la situación de vulnerabilidad alimentaria que atraviesa la población.

La citación, prevista para el 29 de abril, incluye un pliego de más de 4.800 preguntas. La oposición busca que el funcionario detalle el origen de los fondos para sus viajes al exterior y explique las inconsistencias patrimoniales detectadas en los registros públicos.
Según la denuncia basada en documentos oficiales, el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal. Al cierre de 2024, declaró activos por 107,9 millones de pesos, pero también deudas que crecieron un 178%, alcanzando los 95,4 millones. Entre sus acreedores figuran su propia madre y las vendedoras del departamento de Caballito.

La Justicia investiga presuntas omisiones de depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos, lo que podría configurar el delito de omisión maliciosa en su declaración jurada.
TM