El diputado bonaerense Juan José Esper, integrante del espacio “Derecha Popular” y exmiembro de La Libertad Avanza, volvió a presentar en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que propone dejar sin efecto la aplicación de la Ley Nacional N° 27.610 -que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo- dentro del territorio provincial.
La iniciativa, que ya había sido impulsada en el 2024 cuando integraba el bloque libertario, reabre un debate jurídico y político sobre las competencias entre Nación y provincias, así como sobre la vigencia de derechos consagrados a nivel nacional.
El texto legislativo establece en su artículo 1° “déjese sin efecto en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la aplicación de las disposiciones de la Ley Nacional N° 27.610 y sus normas complementarias”.
Asimismo, introduce una excepción: en el artículo 2° se aclara que continuarán vigentes aquellas disposiciones que ya se encuentran contempladas en el Código Penal argentino, es decir, los casos históricos de aborto no punible.
El alcance de la iniciativa es amplio, ya que en su artículo 3° dispone que la eventual norma se aplicaría en todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, incluyendo los de jurisdicción nacional, provincial y municipal.
En los fundamentos del proyecto, el diputado sostiene que la legislación nacional sobre aborto “se encuentra en conflicto con la Constitución Nacional y Provincial”.
Uno de los ejes centrales de la argumentación es el artículo 12 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que establece el derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”. Según el texto, “cualquier regulación que permita la eliminación de una vida desde la concepción supondría una colisión” con ese principio.
En la misma línea, se menciona el Código Civil y Comercial de la Nación, cuyo artículo 19 indica que “el comienzo de la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, lo que, según el proyecto, refuerza la interpretación de protección amplia del derecho a la vida.
Otro de los puntos destacados en la fundamentación es la discusión sobre las competencias entre Nación y provincias. El proyecto sostiene que, en materia de salud, existe un “federalismo de concertación”, pero cuestiona que en la sanción de la ley nacional de aborto “no existió ningún tipo de proceso ni ejercicio de concertación entre los gobiernos locales y Nación”.
En ese marco, se argumenta que la provincia de Buenos Aires tiene autonomía suficiente para dictar normas que resguarden los derechos establecidos en su propia Constitución.
Como respaldo, se cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular el caso “Farmacity”, para sostener que las provincias pueden establecer regulaciones propias en áreas como la salud, incluso con estándares diferentes a los nacionales.

Entre los fundamentos también se incorporan datos sobre la evolución de las prácticas de aborto en la provincia. El texto afirma que “las prácticas de aborto en la Provincia siguen en incremento, del 2021 al 2022 un 23,3%”, y plantea que esa tendencia debería revertirse.
En ese sentido, el proyecto del dirigente de San Miguel sostiene que el Estado debe adoptar políticas orientadas a la reducción de estas prácticas, en beneficio “de las mujeres, los niños por nacer y la Provincia”.
En Argentina, la Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción del embarazo, garantizando que sea un derecho legal, seguro y gratuito en todo el país.
La normativa distingue dos situaciones según el tiempo de gestación: