Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para prohibir de forma definitiva la herencia de cargos en el sector público nacional. El proyecto busca modificar la Ley 25.164 de Empleo Público para impedir que familiares de agentes fallecidos tengan prioridad para ocupar sus vacantes. Esta práctica, presente en diversos organismos nacionales, es considerada por los autores como una costumbre obsoleta que vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades.
La propuesta surge como un paso para dar fuerza de ley a medidas que el Poder Ejecutivo impulsó recientemente mediante decretos. Según los fundamentos del texto, se intenta erradicar privilegios basados en el vínculo hereditario que habían sido reinstaurados en gestiones anteriores. El objetivo central es que la capacidad técnica y el mérito sean las únicas vías de acceso a la administración nacional.
El proyecto establece que ningún familiar podrá ampararse en privilegios o beneficios hereditarios para ser designado en un cargo público, cualquiera sea su modalidad de contratación. Con esto se busca que el ingreso a organismos como ANSES o bancos estatales sea abierto y transparente para todos los ciudadanos por igual.
El proyecto de ley, firmado por el diputado Guillermo Montenegro, propone incorporar un nuevo inciso al artículo 5° de la ley marco de regulación del empleo público nacional. Este apartado establece una prohibición explícita para el ingreso de familiares que busquen ocupar el puesto de un pariente fallecido basándose en ventajas hereditarias. La restricción alcanzaría a todas las modalidades de contratación dentro del sector público.

Los fundamentos del texto señalan que se busca "dejar sentado en normativa nacional una prohibición expresa a la herencia de cargos". Según los autores, esta práctica no tiene lugar en el mundo actual y responde a criterios arbitrarios que se alejan de los principios democráticos. El cambio normativo apunta a blindar al Estado contra la reinstauración de estos beneficios en el futuro.
La iniciativa menciona que, durante la presidencia de Alberto Fernández, se reactivaron estos privilegios en entes de gran relevancia institucional. Entre ellos se destacan la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección de Aduanas y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Estos organismos suelen tener convenios colectivos específicos que incluían este tipo de cláusulas de ingreso familiar.

También se incluyen en el listado entidades financieras clave como el Banco Central de la República Argentina y el Banco de la Nación Argentina. El proyecto busca unificar el criterio de ingreso en todo el Sector Público Nacional comprendido en la Ley 24.156. De esta manera, se pretende que ningún ente descentralizado o empresa estatal mantenga normativas internas que contradigan el principio de igualdad.
Los diputados sostienen que heredar un cargo es una práctica inconstitucional que atenta contra el artículo 16 de la Constitución Nacional. Dicho artículo establece que la idoneidad es el requisito exclusivo para el acceso a los empleos públicos y que no se admiten prerrogativas de sangre o de nacimiento. El texto del proyecto reafirma que "todos somos iguales ante la ley para obtener un empleo".
Además, se citan antecedentes de la Procuración del Tesoro Nacional que ya han dictaminado sobre la inconstitucionalidad de los privilegios hereditarios. La ley nacional de negociaciones colectivas también excluye el principio de idoneidad como una materia que pueda ser modificada por acuerdos gremiales. El proyecto refuerza que la igualdad de oportunidades debe ser el eje de la carrera administrativa.
Actualmente rige el Decreto 959/24, mediante el cual el Gobierno nacional instó a no admitir el acceso a empleos por privilegios hereditarios. Sin embargo, los legisladores consideran necesario darle rango de ley para asegurar su permanencia técnica y jurídica. Una ley nacional tiene una jerarquía superior y ofrece una mayor resistencia ante posibles cambios de administración o presiones sectoriales.
El proyecto describe la medida como parte de una serie de pasos hacia la transparencia que se vienen impulsando en los últimos años. Al modificar la ley base del empleo público, la prohibición se vuelve una regla general de aplicación obligatoria para todo el sistema administrativo. Esto obligaría a todos los organismos a adecuar sus normativas internas de forma definitiva.
El proyecto cuenta con el respaldo de varios integrantes del bloque La Libertad Avanza de distintos distritos del país. Además de Montenegro, el texto lleva la firma de Carlos Zapata (Salta), Beltrán Benedit (Entre Ríos) y Alejandro Bongiovanni (Santa Fe). La diversidad geográfica de los firmantes busca dar una señal de consenso federal sobre la reforma del Estado.

También acompañan con su firma las diputadas Andrea Vera, Johana Longo, María Luisa González Estevarena y Lorena Macyszyn, todas representantes de la provincia de Buenos Aires. A este grupo se suma el legislador tucumano Mariano Campero. El apoyo conjunto de estos diputados refleja la intención de avanzar rápidamente con el tratamiento de la norma en las comisiones de la cámara baja.
TM