En medio del avance de las causas judiciales, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió dar un paso central en su estrategia: contratar al penalista Matías Ledesma, un abogado con experiencia en expedientes de alto impacto político y judicial. La elección no es menor y marca el tono de la defensa que se viene.
El movimiento llegó tras una recomendación directa del exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en un contexto donde las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas comenzaron a escalar en los tribunales de Comodoro Py. La decisión revela que, más allá del discurso público, en el oficialismo asumen la gravedad del escenario.
El nombre de Ledesma no pasa desapercibido. Integra un estudio jurídico con antecedentes pesados: defendió al empresario Alfredo Yabrán en el caso por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas y también representó a Guido Antonini Wilson, protagonista del escándalo de la valija con 800 mil dólares. Dos episodios que marcaron la relación entre poder, dinero y política en la Argentina.
"Adorni contrató a uno de los estudios de abogados más importantes Y MUY CARO"
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 3, 2026
Para defenderse de enriquecimiento ilícito, contrata al estudio de abogados que defendió al narcoempresario Yabrán y que NO PUEDE PAGAR con su patrimonio declarado. Espectacular pic.twitter.com/hg0QzAz5tj
A eso se suma su participación en la defensa de Silvio Robles, estrecho colaborador del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, en una causa que investigó vínculos con el exfuncionario porteño Marcelo D’Alessandro. El expediente terminó archivado, pero dejó secuelas políticas y mediáticas. El recorrido profesional del abogado muestra una constante: intervenir en situaciones donde lo judicial y lo político se cruzan sin filtros.
La apuesta de Adorni es clara: rodearse de un perfil con experiencia en crisis complejas. Sin embargo, esa misma trayectoria también expone una contradicción. En un gobierno que hizo de la transparencia y la ruptura con la “casta” una bandera, la elección de un abogado ligado a figuras y causas emblemáticas del poder tradicional abre interrogantes.
Mientras se arma la estrategia legal, la investigación sigue su curso en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Pollicita. El expediente busca determinar si hubo inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y su nivel de vida, incluyendo propiedades, viajes y gastos en el exterior.
Entre los puntos bajo análisis aparece un presunto viaje a Aruba a fines de 2024, además de otros movimientos internacionales que no fueron detallados públicamente. En paralelo, también se investiga la compra de un departamento en Caballito, financiado en gran parte por terceros, un dato que complejiza aún más la situación del funcionario.