El otorgamiento de préstamos por más de $2.500 millones por parte del Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al presidente Javier Milei abrió un nuevo frente de tensión política. Aunque se trata de líneas crediticias formales, el volumen de los montos y la concentración en figuras del oficialismo encendieron cuestionamientos.
El foco inicial está en nombres del área económica. El director del Banco Central, Pedro Inchauspe, figura con un crédito cercano a los $510 millones, mientras que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, accedió a unos $367 millones. También aparece el asesor Felipe Núñez, con montos que oscilan entre los $370 y los $475 millones. La coincidencia en distintas fuentes refuerza un dato clave: se trata de cifras elevadas en manos de funcionarios con poder de decisión.

El listado se amplía con otros integrantes del entorno oficial. El director de YPF, Emiliano Mongilardi, habría recibido cerca de $300 millones, y el referente comunicacional Juan Pablo Carreira unos $112 millones. A esto se suman los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con créditos que se ubicarían entre los $230 y los $340 millones.

Desde el Banco Nación sostienen que los préstamos corresponden a líneas hipotecarias abiertas a empleados del sector público, con tasas cercanas al 6% anual y financiamiento de hasta el 90% del valor de la propiedad. Es decir, no serían beneficios discrecionales sino un esquema general. Sin embargo, la discusión no pasa solo por la legalidad, sino por la oportunidad y la equidad en el acceso.
Ahí aparece la principal contradicción política. En un gobierno que construyó su identidad sobre la crítica a los privilegios de la dirigencia, la acumulación de créditos millonarios en funcionarios en ejercicio tensiona ese discurso. No es un detalle menor: el debate ya no es técnico, es simbólico.
La lista (casi) completa de quienes accedieron a los créditos millonarios del Banco Nación. No implica una irregularidad en sí misma, siempre y cuando hayan atravesado todos los pasos correspondientes, no hayan accedido a información privilegiada y se hayan sometido a las reglas… https://t.co/ASHHKNEi5r pic.twitter.com/7rSgDvWBt1
— Manu Jove (@manujove) April 4, 2026
El tema escaló rápidamente al ámbito legislativo. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle las condiciones en que se otorgaron los créditos y si existieron criterios diferenciales para funcionarios.
Por ahora, no hay denuncias judiciales que prueben irregularidades. Pero el ruido político crece y deja una pregunta abierta: si todos los empleados públicos podían acceder en igualdad de condiciones, ¿por qué los montos más altos se concentran en la cúpula del poder?