Congreso e IA: la propuesta que podría cambiar el uso de datos en Argentina

El Congreso empezó a dar sus primeros pasos en un terreno que ya domina la agenda global: la regulación de la Inteligencia Artificial. En ese contexto, el diputado de Unión por la Patria, Diego Giuliano, presentó un proyecto de ley que busca establecer reglas claras para el uso de estas tecnologías en Argentina, con un enfoque centrado en la protección de derechos.

La iniciativa toma como referencia el modelo de la Unión Europea, que en 2024 aprobó el denominado AI Act, considerado el primer marco integral para regular la inteligencia artificial a nivel global. El objetivo es replicar esa lógica: permitir el desarrollo tecnológico, pero con límites concretos cuando entran en juego la privacidad, la seguridad y la vida íntima de las personas.

El proyecto parte de un diagnóstico que ya no genera demasiadas dudas en la política: la velocidad de avance de la IA supera la capacidad de regulación del Estado. Sin embargo, plantea que la ausencia de reglas puede derivar en un escenario más problemático, donde el uso indiscriminado de datos personales y la generación de perfiles digitales afecten derechos básicos.

En ese marco, la propuesta introduce uno de sus pilares centrales: la creación de un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial. Allí deberán inscribirse todas las tecnologías que quieran operar en el país, detallando objetivos, algoritmos utilizados y medidas de seguridad. Sin ese paso, no podrían funcionar legalmente en territorio argentino.

Otro punto clave es la evaluación de impacto previa. Antes de su implementación, cada sistema deberá ser analizado para detectar posibles sesgos, riesgos de discriminación o problemas de transparencia. La autoridad de aplicación tendrá la facultad de aprobar, observar o directamente impedir su uso si considera que vulnera derechos fundamentales.

El esquema también incluye una clasificación de los sistemas de IA según su nivel de riesgo: alto, medio o bajo. En línea con el modelo europeo, los desarrollos considerados más peligrosos estarán sujetos a mayores controles, mientras que algunos directamente quedarían prohibidos.

Qué usos quedarían prohibidos y dónde se abre la discusión política

El proyecto establece límites concretos. No se permitirán sistemas que manipulen conductas mediante técnicas engañosas, ni aquellos que exploten vulnerabilidades vinculadas a la edad, la discapacidad o la situación económica. Tampoco se habilitarán mecanismos de “puntuación social” ni herramientas que infieran datos sensibles como ideología, religión o vida sexual.

El debate, sin embargo, recién empieza. Mientras algunos sectores advierten que regular es imprescindible para evitar abusos, otros sostienen que imponer límites rígidos puede frenar la innovación. En ese equilibrio -entre desarrollo tecnológico y control estatal- se juega el futuro de una ley que, por ahora, abre más preguntas que certezas.