Un informe del perito del arquitecto acusado Enrique Bonavita, incorporado al expediente por el derrumbe en Villa Gesell, calificó el hecho como "previsible y evitable". El estudio detectó fallas en columnas fundamentales e irregularidades constructivas que no fueron advertidas a tiempo. Por la tragedia ocurrida en octubre de 2024, donde fallecieron nueve personas, se investigan ahora posibles responsabilidades administrativas.
El escrito judicial reveló que se encontraron además posibles responsabilidades administrativas por la aprobación de la obra en condiciones deficientes.

La querella, representada por la abogada Graciela Bravo, cuestionó las conclusiones del perito de la defensa cuerstionado. Según la letrada, el informe presenta contradicciones lógicas al intentar atribuir el colapso únicamente a deficiencias estructurales preexistentes del edificio. La estrategia buscaría deslindar la responsabilidad de los profesionales a cargo de las reformas actuales.
Anexos técnicos de la División de Bomberos confirmaron que, al momento del desastre, el edificio realizaba tareas de modernización de ascensores y balcones. Los peritajes mecánicos sobre los restos de las columnas B5 y C5 demostraron que estas cedieron y precipitaron de forma casi vertical. Este movimiento técnico explica por qué la estructura colapsó hacia el segundo subsuelo sin inclinarse.

En el lugar se hallaron materiales de construcción, perfiles metálicos y puntales de madera que confirman la ejecución de obras de remodelación recientes. Pese a estas intervenciones, los expertos descartaron que existieran fallas en el suelo o procesos de corrosión generalizada en los cimientos. La justicia continúa analizando filmaciones de demoliciones previas en la planta baja del hotel.