05/04/2026 - Edición Nº1153

Política

Denuncia y espionaje

Sospechas de financiamiento ruso a medios: la Embajada habló de “difamación”

04/04/2026 | Una filtración expuso una supuesta operación con más de 250 artículos pagos; Milei habló de espionaje y Rusia denunció una “difamación”.



Una investigación internacional basada en documentos filtrados volvió a sacudir el sistema político y mediático argentino al revelar la presunta existencia de una estructura de influencia vinculada a intereses rusos que habría operado en el país mediante la publicación de contenidos en medios locales.

Según la documentación analizada —más de 1.400 páginas—, la operación habría sido ejecutada entre junio y octubre de 2024 por una organización identificada como “La Compañía”, vinculada a estructuras de inteligencia rusa. El objetivo: instalar narrativas favorables a Moscú y erosionar la imagen del gobierno de Javier Milei en un contexto de tensión geopolítica global.

El presupuesto asignado a la campaña alcanzaría los US$ 283.100, destinados a la publicación de al menos 250 artículos en más de 20 medios argentinos, con pagos estimados que oscilarían entre US$ 350 y US$ 3.100 por contenido, según el alcance de cada plataforma. A ese monto se sumarían otros US$ 343.000 orientados a tareas de inteligencia, relevamiento territorial y desarrollo de redes de influencia.

Los documentos también describen un esquema de operación indirecta, con uso de intermediarios, firmas falsas, fotografías de archivo o generadas digitalmente y contenidos que combinaban datos reales con distorsiones, en una lógica diseñada para dificultar la trazabilidad del financiamiento.

Los nombres, los medios y la reacción del Gobierno

En el centro de la denuncia aparecen Lev Andriashvili e Irina Yakovenko, un matrimonio ruso radicado en la Argentina, previamente señalado por organismos de inteligencia como posibles articuladores de una red de contactos orientada a influir en la agenda pública.

Los artículos vinculados a la supuesta operación habrían sido publicados en una amplia variedad de medios digitales, entre ellos Infobae, Ámbito, El Cronista, C5N, El Destape, A24, Tiempo Argentino y Diario Registrado, entre otros. Todos los medios mencionados rechazaron haber recibido pagos o tener conocimiento de una operatoria de este tipo.

El caso escaló rápidamente a la Casa Rosada. El presidente Javier Milei aseguró que el Gobierno irá “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer los hechos y afirmó que buscará “identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”. Además, advirtió que los medios y periodistas involucrados serían “solo la punta del iceberg”.

Por su parte, la senador nacional y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich reforzó esa línea y sostuvo que la información conocida “confirma lo que se había denunciado meses atrás”, en referencia a alertas recibidas en 2025 sobre posibles campañas de desinformación impulsadas desde el exterior. En ese momento, había señalado que existía “información fehaciente” sobre pagos a comunicadores para influir en la opinión pública.

La respuesta de Rusia

La reacción de la Embajada de Rusia en la Argentina no tardó en llegar y fue contundente. En un comunicado oficial, la sede diplomática que responde al estado administrado por Vladimir Putín rechazó las acusaciones y calificó la denuncia como parte de una “manía de espionaje antirrusa”.

“El artículo carece de hechos y pruebas. Consideramos esta publicación como una difamación maliciosa destinada a desacreditar a Rusia y afectar las relaciones bilaterales”, señalaron desde la representación diplomática.

Además, negaron cualquier vínculo con las personas mencionadas en la investigación y aseguraron que tomaron conocimiento de esos nombres a través de los propios medios. En esa línea, insistieron en que la misión de la Embajada es fortalecer la cooperación entre ambos países y no participar en estructuras de influencia.

Una investigación global bajo análisis

El episodio no se limita a un cruce diplomático o mediático. La información que sostiene la denuncia surge de una investigación internacional de alcance global, basada en documentos internos que fueron analizados por un consorcio de medios y organizaciones especializadas en verificación.

La filtración —que incluye más de 1.400 páginas de documentos— permitió reconstruir no solo los montos asignados y la cantidad de contenidos difundidos, sino también la lógica operativa de la presunta red: planificación editorial, uso de intermediarios y segmentación de audiencias en distintos países, entre ellos Argentina.

En paralelo, el caso ya tenía un antecedente local. En junio de 2025, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) había detectado la actividad de un grupo de ciudadanos rusos que operaban en el país con el objetivo de generar influencia política, relevar información sensible y construir redes de contacto en distintos ámbitos. Esa advertencia fue presentada públicamente por el Gobierno, aunque no derivó en una investigación judicial con imputaciones concretas.

La nueva documentación amplía ese escenario y le aporta escala internacional a una preocupación que ya había sido señalada por los organismos de inteligencia. Sin embargo, hasta el momento no se registran causas abiertas en la Justicia argentina que validen penalmente la existencia de una estructura ilegal.

En ese marco, el caso queda situado en una zona de análisis donde conviven material documental en revisión, posicionamientos políticos y desmentidas diplomáticas, mientras la investigación continúa siendo evaluada por distintos actores institucionales.

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