En los últimos días, una fuerte controversia se instaló en redes sociales a partir de la adjudicación de créditos hipotecarios por hasta $400 millones del Banco Nación a funcionarios del Gobierno y legisladores de La Libertad Avanza. La información, basada en registros oficiales, encendió el debate público y derivó en reclamos políticos para esclarecer las condiciones de acceso.
Los datos surgen de la Central de Deudores del Banco Central y fueron procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky. A partir de ese cruce, se identificaron al menos nueve funcionarios y legisladores oficialistas con créditos —principalmente hipotecarios— otorgados por el Banco Nación.

Según los registros difundidos, el monto total supera los $2.500 millones. Entre los nombres aparecen Felipe Núñez, Federico Furiase, Juan Pablo Carreira y Emiliano Mongilardi, junto a diputados como Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que oscilan entre los $112 millones y los $373 millones.
El tema escaló al Congreso con un pedido de informes presentado por el diputado Esteban Paulón, quien solicitó precisiones al Poder Ejecutivo sobre posibles irregularidades. Entre los puntos planteados figuran eventuales excesos en los límites de crédito para personas políticamente expuestas, dictámenes técnicos desfavorables y resoluciones excepcionales.

“El Banco público es de todos y no puede estar al servicio de intereses particulares”, sostuvo el legislador, en medio de una creciente presión para transparentar los mecanismos de otorgamiento.
En medio de la polémica, distintos dirigentes salieron a rechazar cualquier trato preferencial. Entre ellos, Alejandro Cacace, Virginia Gallardo y Alejandro Bongiovanni.
Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo. No obstante, paso a explicar:
— Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) April 2, 2026
. Es FALSO que tomé una deuda hipotecaria con tasas o plazos “diferentes” o…
Cacace desmintió haber accedido a créditos del Banco Nación durante su gestión y aclaró que su deuda corresponde a un préstamo de 2017 con otra entidad bancaria, declarado en su documentación pública.
En la misma línea, Gallardo también rechazó las versiones: “Tampoco he obtenido un crédito durante mi gestión en el Gobierno Nacional. El dato surge de mi DDJJ, que ahora es pública”, afirmó. Además, explicó que tomó un crédito UVA en 2018 a 30 años, sobre el cual —según indicó— habló públicamente en reiteradas oportunidades.
EXACTO! Misma situación conmigo . Tampoco he obtenido un crédito durante mi gestión en el Gobierno Nacional. El dato surge de mi DDJJ, que AHORA es pública.
— virginia gallardo (@virchugallardo) April 4, 2026
Obtuve un crédito UVA en el 2018 a 30 AÑOS ! Del cual hablé infinitas veces en cada programa del que formé parte cada año.… https://t.co/ss9OpVKVt4
Por su parte, Bongiovanni fue uno de los más enfáticos y negó irregularidades. “Es falso que tomé una deuda hipotecaria con tasas o plazos diferentes o preferenciales”, sostuvo, y detalló que se trató de una línea en UVAs disponible para cualquier cliente que cumpliera con los requisitos.
Veo mi nombre en esa lista. Yo no tengo un crédito hipotecario de Nación como afirmás en tu tweet, ni tampoco he obtenido uno durante mi gestión en el Gobierno nacional. Tengo un crédito/deuda del año 2017 (o sea de hace 9 años) y de Banco Supervielle. Está en DDJJ, que es…
— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) April 4, 2026
La defensa oficial
Los funcionarios involucrados rechazaron cualquier trato preferencial y aseguraron que los créditos fueron otorgados bajo condiciones generales. En paralelo, la ministra Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras quedar involucrado en la polémica. El exfuncionario sostuvo que el crédito fue solicitado para vivienda y bajo normas vigentes.
La postura del Banco Nación
Desde el Banco Nación defendieron el esquema de créditos y remarcaron que el proceso es “homogéneo, sin excepciones”. La entidad aseguró que concentra nueve de cada diez préstamos hipotecarios del país y que las líneas vigentes —incluidas las destinadas a empleados públicos— respetan criterios de evaluación crediticia sin discrecionalidad.
El caso, sin embargo, sigue abierto. Mientras la discusión escala en el plano político, la clave estará en determinar si hubo irregularidades concretas o si se trata de una controversia amplificada por el contexto de alta sensibilidad sobre el uso de recursos públicos.