El oficialismo acelera a fondo en la Cámara de Diputados para concretar uno de sus objetivos legislativos clave: la reforma de la Ley de Glaciares. Con un cronograma ajustado, el proyecto será dictaminado el 7 de abril y podría tratarse en el recinto al día siguiente, en una maniobra que busca capitalizar el nuevo escenario político favorable para el Gobierno.
Tras un 2025 marcado por dificultades parlamentarias, el espacio liderado por el presidente Javier Milei logró revertir la dinámica y ahora apuesta a consolidar al Congreso como terreno de victorias.
La iniciativa cuenta con el fuerte impulso de gobernadores aliados, interesados en potenciar la actividad minera en sus distritos. Entre ellos se destacan Raúl Jalil y Marcelo Orrego, quienes ya defendieron la reforma en el Senado y podrían volver a exponer en Diputados.
También se evalúa la participación de Alfredo Cornejo, Claudio Vidal y Sergio Ziliotto, aunque este último se posiciona como uno de los principales críticos del proyecto.


El eje del debate gira en torno a la posibilidad de compatibilizar desarrollo económico y protección ambiental, una tensión histórica en torno a esta ley.
En paralelo, el oficialismo buscó legitimar el tratamiento mediante audiencias públicas. Sin embargo, la baja participación —menos del 1% de los inscriptos— y el amplio rechazo de los expositores debilitaron ese intento.

De los primeros 175 oradores, más del 90% se manifestó en contra de la reforma, lo que reflejó el nivel de resistencia que genera la iniciativa en sectores ambientales, académicos y sociales. A pesar de estos datos, el Gobierno mantiene firme su hoja de ruta.
En términos parlamentarios, La Libertad Avanza asegura contar con los votos necesarios para avanzar. Según estimaciones internas, reunirían al menos 132 voluntades, superando el mínimo de 129 requerido para la aprobación.
El respaldo provendría no solo de su bloque, sino también de sectores del PRO, la UCR y legisladores provincialistas, lo que evidencia una ampliación de alianzas clave para el oficialismo.
En contraposición, el rechazo más contundente proviene del Frente de Izquierda, mientras que otros bloques opositores presentan posiciones divididas.
Sectores críticos de la reforma ya anticipan que, en caso de aprobarse, podrían avanzar con su judicialización, tomando como antecedente otros fallos recientes contra medidas del Gobierno.
En paralelo, la oposición busca recuperar protagonismo y apunta contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Algunos bloques evalúan interpelarlo antes de su informe de gestión previsto para el 29 de abril. Este movimiento podría tensar aún más el clima político en una semana clave para el oficialismo.
La reforma de la Ley de Glaciares se perfila como una prueba de fuego para la administración Milei. Más allá del resultado legislativo, el proceso pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para sostener alianzas, gestionar conflictos y avanzar en una agenda sensible.
Con el reloj corriendo y un escenario polarizado, el oficialismo apuesta a una victoria rápida que le permita consolidar poder y enviar una señal de fortaleza política.
Sin embargo, el alto nivel de rechazo social y la posibilidad de futuras disputas judiciales anticipan que el debate por los glaciares está lejos de cerrarse. En juego no solo está una ley, sino también el equilibrio entre desarrollo y ambiente en la Argentina que viene.
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