La causa por la criptomoneda $LIBRA sumó un capítulo de alto voltaje político y judicial. Un inversor afectado pidió al juez Marcelo Martínez De Giorgi que cite a indagatoria al presidente Javier Milei, a la secretaria general Karina Milei y al jefe de Gabinete Manuel Adorni, entre otros implicados, por presuntos delitos vinculados a una estafa millonaria.

La presentación, impulsada por el denunciante Martín Romeo, sostiene que existió una “asociación ilícita” con ramificaciones locales e internacionales. Según el escrito, el esquema habría incluido manipulación de mercados, uso de información privilegiada y una estructura destinada a captar inversores para luego retirar liquidez y generar pérdidas en los participantes minoristas.
El documento reconstruye una secuencia que se remonta a 2018, con el accionar de un grupo ligado a Mauricio Novelli, que habría evolucionado desde una academia de trading hacia un entramado más sofisticado de operaciones financieras y sociedades en el exterior. La acusación señala que, con el tiempo, esa estructura logró vínculos con actores internacionales y acceso a circuitos de poder.
Uno de los puntos más sensibles es la supuesta conexión con el Estado. La querella menciona el rol de Sergio Morales, quien habría tenido vínculos con el grupo mientras ocupaba funciones en la Comisión Nacional de Valores. También se describen reuniones en el Hotel Libertador y negociaciones en el exterior que, según el denunciante, incluyeron acuerdos económicos a cambio de respaldo político.
El foco central está puesto en el lanzamiento del token $LIBRA, ocurrido en febrero de 2025. Según la acusación, hubo compras anticipadas antes de la difusión pública y una posterior salida coordinada que habría generado ganancias para los organizadores y pérdidas para los inversores. El monto estimado del perjuicio supera los 44 millones de dólares.
Además, el escrito plantea que existió una coordinación entre la promoción política y la operatoria financiera. La difusión del proyecto, que incluyó menciones del propio Milei, es interpretada por la querella como un factor clave para atraer inversores y sostener el esquema.
Por ahora, el pedido de indagatoria es una solicitud de parte y deberá ser evaluado por el juez Martínez De Giorgi y el fiscal interviniente. No implica una imputación formal ni una definición sobre responsabilidades, pero sí marca el nivel de gravedad que alcanzó el caso.
En paralelo, la causa se suma a otros frentes sensibles que rodean al oficialismo. Si avanza, no solo tendrá impacto judicial, sino también político: pondrá bajo escrutinio la relación entre el poder y el mundo cripto en un Gobierno que hizo de la desregulación una bandera.