El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió avanzar en un cambio de fondo en su política social: eliminar los planes sociales vigentes y reemplazarlos por un programa centrado en la capacitación y la inserción laboral. La medida fue oficializada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y apunta a cerrar un ciclo de más de dos décadas de asistencia directa.
Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza.
— Jorge Macri (@jorgemacri) April 6, 2026
Chau intermediarios.
Chau planes manejados por organizaciones.
En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar.
La única salida es el trabajo.
El nuevo esquema alcanzará a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año. Durante ese período, los beneficiarios deberán cumplir con instancias obligatorias de formación y capacitación, bajo la premisa de que el acompañamiento estatal sea temporal y orientado al empleo formal.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de intermediarios. A partir de ahora, los pagos serán directos, sin intervención de organizaciones sociales. Según el Gobierno porteño, esto permitirá mejorar el control, evitar irregularidades y garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan.
La decisión se apoya en una auditoría previa que detectó más de mil beneficiarios irregulares y un esquema con un costo anual cercano a los $10 mil millones. En paralelo, también se avanzó con controles en comedores, donde se identificaron inconsistencias en la entrega de raciones y se cerraron espacios que no cumplían con los requisitos.
El programa se estructura en cuatro ejes: formación obligatoria, plazo limitado de hasta 12 meses, articulación con el sector privado y criterios de elegibilidad más estrictos. Para esto, el Gobierno firmó acuerdos con empresas, cámaras empresariales y universidades, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los participantes.
Desde la administración porteña sostienen que la medida busca dejar atrás el asistencialismo y promover la autonomía económica. El ministro Gabriel Mraida planteó que el objetivo es “devolver dignidad” a través del trabajo y terminar con la lógica de dependencia.
Sin embargo, el cambio también abre interrogantes. La clave estará en la capacidad real del mercado laboral para absorber a los beneficiarios y en la efectividad de los programas de capacitación. En un contexto económico complejo, el desafío no es solo reemplazar el esquema anterior, sino garantizar que la transición no deje a sectores vulnerables sin cobertura.