El planteo fue realizado a través de presentaciones en las que se advierte que la falta de integración plena del tribunal impide avanzar con el proceso. En ese contexto, los familiares solicitaron que se adopten “con carácter urgente” las medidas necesarias para cubrir los cargos vacantes y remover los obstáculos que hoy afectan el funcionamiento del órgano judicial.
El reclamo se produce en un escenario agravado por la reciente jubilación de uno de los integrantes del tribunal, lo que profundizó las dificultades para fijar una fecha de inicio del debate.

En el escrito, la familia invoca las obligaciones del Estado de garantizar el acceso a la justicia y el juzgamiento en un plazo razonable, en línea con lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, ambas con jerarquía constitucional.
Además, remarcan que la urgencia del caso —que involucra la desaparición de un menor— exige una respuesta estatal “reforzada, coordinada y efectiva”, y que la demora en la realización del juicio oral impide avanzar hacia el esclarecimiento de lo ocurrido.
En ese sentido, pidieron que se garantice la realización del debate en un plazo máximo de 60 días, al considerar que el juicio es la instancia clave para determinar responsabilidades y reconstruir lo sucedido.
El reclamo apunta directamente a la máxima autoridad del Estado Nacional, a quien solicitan que intervenga para destrabar las condiciones que hoy frenan el proceso y asegurar que el caso avance “sin más demoras”.
Para la familia, el inicio del juicio no solo representa un paso procesal, sino la única vía concreta para conocer qué pasó con Loan y dónde está.