Punto por punto, la denuncia a funcionarios de LLA por los créditos del Banco Nación

La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, formalizó la denuncia por la situación de los créditos hipotecarios brindados por el Banco Nación a funcionarios de La Libertad Avanza.

“La información fluye y no deja de avanzar, dando como resultado ciertas posibles conclusiones que, ameritan el presente impulso”, señala en el texto.

Así, “en el año 2024 fue designado como director del Banco Central el economista Federico Furiase. Por entonces las deudas bancarias rondaban los 60 millones de pesos. Un año y medio después, esas deudas ascendían a 360 millones de pesos otorgados al Banco Nación”.

“Algunos de los funcionarios beneficiados, habían sido: Juan Pablo Carreira, quien dirige las milicias digitales, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial ( 113 millones); Pedro Inchauspe (director del central $ 510 millones), Felipe Nuñez (Director del BICE, préstamos de 510 millones de pesos), asesor de Santiago Caputo, Federico Furiase, Secretario de Finanzas (376 millones de pesos), Emiliano José Mongilardi (Director de YPF, en 309 millones de pesos), los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio ( 340 millones en julio del 2025), Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni”, enumeró al legisladora.

Planteos y dudas

“Se abren interrogantes, tales como el posible conflicto de intereses, siendo los legisladores los que decidimos el presupuesto y aún las autoridades de la institución que, nos concede el beneficio y una consecuencia casi obligada; si esto no puede ser evaluado como debilidad de la integridad financiera de la entidad, algo que el propio GAFI, tiene en consideración”, subraya Frade.

“Estamos frente a una utilización privilegiada de los fondos públicos (de ahorristas comunes) que resultan inaccesibles para la mayoría de esos ahorristas; lo cual podría afectar su reputación y, con ello, su liquidez”, agrega.

Y se pregunta: “¿Cuál ha sido, por ejemplo, la relación ingreso-cuota, en el otorgamiento de un crédito de varios millones a un funcionario (Sharif Menem) con un ingreso estimado de dos millones? O, ¿cómo se evaluó el riesgo de cobro de una diputada que posee varios conflictos con la ley penal?”.

“Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales, en muchos de los ejemplos dados más arriba. En los supuestos que la investigación verifique esto, estaríamos frente a la posibilidad de quedar incursos en el tipo penal previsto en el art 265 de negociaciones incompatibles”, apunta en otro pasaje de la presentación.

“La desproporción entre ingresos y monto de los créditos, resulta la primera pista orientativa. En los casos que se verifique, no resulta disparatado suponer que estamos ante un acuerdo de ‘partes’, en tanto no existen los "créditos mal otorgados", sino la conjunción de un funcionario que presione por un beneficio irregular y un Banco que relaja controles habituales. Comúnmente se denomina a esto falla de ‘dos llaves’”, sostiene Frade.

“El Banco Nación posee un Departamento de Riesgos crediticios, el que funciona a través de estrictos manuales de procedimiento; ergo el funcionario de la entidad bancaria se encontraría incurso en administración fraudulenta y en el quebranto del deber de integridad de los fondos. Respecto del funcionario que pugna por ese crédito, existe una lógica asimetría con un ciudadano común. En el primer caso, sobrevuela una presión implícita, mayor aún cuando la solicitud viene gestionada a través de altos funcionarios de gobierno”, agrega luego.

Medidas de prueba

Así, pidió las siguientes medidas de prueba:

1. Librar Oficio al Banco de la Nación Argentina y/u orden de presentación, a fin de obtener los "legajos crediticios" completos de los nombrados en la presente y todo otro funcionario público y/o legislador.
2. Obtener las Actas de Directorio mediante las que se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios.
3. Se solicite al Cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional, la determinación de existencia o no de perjuicios económicos para el Banco otorgante, de cualquier naturaleza. Informen si existieron en el otorgamiento condiciones preferenciales, sea en tasas, plazos o condiciones de acuerdo con la práctica corriente del Banco. Si las garantías de tales créditos. Si se verifica alguna violación a la Carta Orgánica y manuales de procedimientos para créditos. resultan suficientes y sujetas a estándares. Si existió alguna relación jerárquica o, de alguna otra naturaleza entre el otorgante y los beneficiarios.
4. Se provea la investigación correspondiente a efectos de determinar la existencia de irregularidades, constitutivas de los tipos penales indicados u otros.