La Justicia Federal dio un paso clave en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita ordenó una batería de nueve medidas de prueba que incluyen la citación como testigo de un protagonista inesperado: el exfutbolista Hugo Morales.
El objetivo de los investigadores es determinar si el patrimonio del funcionario nacional se condice con sus ingresos declarados. El foco inicial está puesto en la compra de un departamento de casi 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito, una operación que involucra a un ídolo del fútbol, a dos jubiladas y un préstamo hipotecario por el 87% del valor total.
El fiscal busca determinar por qué un inmueble que Hugo Morales vendió en 200.000 dólares fue comprado meses después por Manuel Adorni en 230.000 dólares, cuando su valor de mercado real duplicaría esa cifra, y cómo se financiaron 19 viajes al exterior realizados desde 2023.
Hugo Morales es un exfutbolista reconocido por su paso por Huracán, Lanús y la selección argentina. Su nombre aparece en el expediente porque fue el dueño original del departamento ubicado en la calle Miró al 500, en Caballito.

En abril de 2025, Morales vendió esa propiedad por 200.000 dólares a dos mujeres: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Lo que despertó la atención del Ministerio Público Fiscal es que, solo siete meses después, el 18 de noviembre de 2025, esas mismas mujeres le vendieron el departamento a Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
El exfutbolista deberá declarar vía Zoom ante la fiscalía para confirmar los detalles de aquella primera venta. La Justicia busca saber si el precio pactado inicialmente fue real o si existieron maniobras para subvaluar la propiedad en las escrituras posteriores.
La operación inmobiliaria de Caballito presenta características que los investigadores consideran inusuales. El precio de venta declarado por Manuel Adorni fue de 230.000 dólares. Sin embargo, según tasaciones de mercado, una propiedad de esa superficie en esa zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tendría un valor cercano a los 500.000 dólares.

A esto se suma la modalidad de pago. Las vendedoras, dos jubiladas que habían comprado el inmueble poco tiempo antes, le otorgaron al funcionario un crédito hipotecario de 200.000 dólares para que pudiera concretar la operación. Es decir, las vendedoras financiaron casi la totalidad de la compra. Al ser consultadas por la prensa, ambas manifestaron no conocer al jefe de Gabinete.
Por este motivo, Pollicita también citó a declarar a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la transacción y registra siete visitas a la Casa Rosada entre 2024 y 2026.
Otro eje central de la investigación son los traslados internacionales de Manuel Adorni y su círculo íntimo. El fiscal solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un historial detallado de las entradas y salidas del país para reconstruir escalas y destinos finales.
Se investigan entre 15 y 19 tramos aéreos realizados desde diciembre de 2023. El fiscal envió oficios a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y a diversas compañías aéreas para obtener:
Uno de los puntos críticos es un vuelo privado a Punta del Este durante el carnaval de 2026. La sospecha de la diputada Marcela Pagano, quien impulsó la denuncia, es que el viaje fue pagado por Marcelo Grandío, un periodista que es contratista de la TV Pública, organismo que depende directamente de la Jefatura de Gabinete.
El juez federal Ariel Lijo tiene a su cargo el expediente, mientras que la fiscalía de Pollicita lidera la recolección de pruebas. Además del departamento de Caballito, se investiga una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirida a nombre de la esposa de Manuel Adorni.
El fiscal solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) los historiales de dominio y pidió a los consorcios de ambos inmuebles detalles sobre el pago de expensas y la existencia de obras de mejora no declaradas. También se incorporaron las declaraciones juradas públicas del funcionario, donde se habrían omitido activos financieros por sumas superiores a los 16 millones de pesos.
Manuel Adorni ya designó como abogado defensor a Matías Ledesma. Aunque el funcionario negó las acusaciones en sus habituales conferencias de prensa, la Justicia busca ahora contrastar sus dichos con los registros bancarios y los testimonios de quienes participaron en sus movimientos patrimoniales.
TM