Boleto más caro y menos frecuencias: el contragolpe de Kicillof para amortiguar en PBA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reglamentó el reciente lunes el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) y habilitó a los intendentes a destinar recursos a tres áreas clave: transporte, infraestructura y cultura.

Sin embargo, detrás del esquema formal, la señal política apunta a que los municipios prioricen el sistema de transporte público, uno de los sectores más tensionados en los últimos años.

La decisión se da en un contexto marcado por recortes de frecuencias, aumentos tarifarios y conflictos entre empresas, sindicatos y el Estado por el nivel de subsidios y el valor técnico del boleto. En ese escenario, la Provincia busca fortalecer la intervención territorial para evitar un mayor deterioro del servicio.

Un fondo con tres opciones, pero una prioridad implícita

El FEFIM, creado por la Ley 15.561, se financiará con el equivalente al 8% del endeudamiento provincial autorizado por la Legislatura, con un piso garantizado de $250.000 millones para 2026 y 2027.

El esquema de distribución prevé un 70% de los recursos para los municipios -repartidos según el Coeficiente Único de Distribución (CUD)- y un 30% canalizado a través de programas provinciales. Para acceder a esta última porción, los intendentes deberán adherir obligatoriamente a uno de tres programas: transporte, obras públicas o cultura.

Transporte en crisis: menos frecuencias, tarifas en alza y conflicto permanente

En los últimos años, el sistema de colectivos del AMBA experimentó un deterioro progresivo. Las empresas redujeron frecuencias ante el incremento de costos operativos y la falta de actualización de subsidios, lo que impactó directamente en la calidad del servicio.

Al mismo tiempo, la discusión por el “valor técnico” del boleto -es decir, el costo real del servicio sin subsidios- derivó en sucesivos aumentos tarifarios que trasladaron parte del ajuste a los usuarios. En los municipios del conurbano y La Plata, el boleto ya orilla los 1.000 pesos. De todas formas, todavía el pasaje está lejos de cubrir el 100% del costo real del servicio, sobre todo por la presencia numerosa de beneficiarios de la tarifa social u otras atribuciones sociales que implican descuentos importantes.

Este escenario también tensionó la relación con los trabajadores del sector. Los reclamos salariales de los choferes se intensificaron frente a la pérdida del poder adquisitivo, mientras que las cámaras empresarias advirtieron reiteradamente sobre la imposibilidad de sostener el servicio sin mayores compensaciones estatales.

Como consecuencia, se volvió recurrente el amague de medidas de fuerza: paros impulsados por el gremio o incluso amenazas de lock out patronal por parte de las empresas.

El programa de transporte: integración territorial y asistencia indirecta

Dentro del FEFIM, el “Programa de Transporte y Acceso Territorial” aparece como una herramienta clave para intervenir en este escenario. Bajo la órbita del Ministerio de Transporte bonaerense, busca “fortalecer el acceso equitativo” y mejorar la conectividad en todo el territorio.

Entre sus objetivos principales se destacan:

• Ampliar el acceso al transporte público en zonas con déficits.
• Mejorar la coordinación entre distintos modos de transporte.
• Reforzar la seguridad vial.
• Fortalecer los controles sobre el cumplimiento de normas.

En términos operativos, el programa habilita el financiamiento de infraestructura vinculada al transporte, integración logística y acciones de seguridad vial, además de capacitaciones y campañas.

Si bien no implica subsidios directos a las empresas, sí permite a los municipios intervenir en aspectos clave que inciden en la prestación del servicio, como accesos, nodos de conexión o condiciones de circulación.

“El programa adopta un enfoque territorial, reconociendo las asimetrías existentes en materia de movilidad y conectividad, y promueve la articulación con los municipios, en consonancia con los principios rectores de la política provincial de transporte”, se señala.

Una estrategia para contener el conflicto sin intervenir tarifas

La jugada del gobierno provincial parece orientada a reforzar el sistema sin entrar de lleno en la discusión más sensible: la estructura tarifaria y el esquema de subsidios.

En ese marco, el fortalecimiento de la infraestructura y la mejora de la accesibilidad aparecen como herramientas indirectas para sostener el servicio y amortiguar el impacto de la crisis.

Al mismo tiempo, al involucrar a los municipios en la ejecución de políticas de transporte, la Provincia busca territorializar la gestión y distribuir responsabilidades en un sistema altamente fragmentado.

Obras y cultura: alternativas con menor urgencia coyuntural

Las otras dos opciones habilitadas por el fondo -infraestructura municipal y cultura- también representan áreas relevantes para los distritos, pero con menor presión inmediata que el transporte.

El programa de obras apunta a la ejecución y mantenimiento de infraestructura urbana, mientras que el eje cultural promueve la descentralización y el acceso a bienes simbólicos. Ambos pueden resultar atractivos para intendentes con agendas locales específicas, aunque no presentan el mismo nivel de urgencia que el sistema de movilidad.

Plazos, control y ejecución

Los municipios tienen tiempo hasta el 10 de abril de 2026 para adherir a uno de los programas y acceder a los fondos del componente provincial. Las transferencias serán no reintegrables y estarán sujetas a rendición ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.

Cada iniciativa deberá formalizarse mediante convenios entre la Provincia y los distritos, con intervención de los organismos de control y áreas técnicas correspondientes.